El exasesor del Ayuntamiento de Telde Francisco Gordillo ha afirmado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que juzga el "caso Europa" que admitió el cobro de comisiones ilegales en la corporación porque la Policía le amenazó con meter a su mujer e hijas en la cárcel.

Gordillo, que fue asesor de la edil de Obras Públicas y Contratación de Telde María Antonia Torres (PP), ya fallecida, ha manifestado ante la Sala de lo Civil y Penal que ha esperado siete años a revelar estas coacciones al momento de juicio porque como testigo estaba obligado a decir la verdad.

Francisco Gordillo -que se enfrenta a dos años y nueve meses por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude en la trama "Faycán", de la que se deriva el "caso Europa"- ha indicado que todas sus manifestaciones ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde fueron hechas bajo presión policial.

En su declaración hoy como testigo, el exasesor de la concejal Torres alegó inicialmente que no recordaba algunos aspectos sobre los que le interrogaba el fiscal, lo que ha llevado a que la secretaria de la Sala le leyera lo que manifestó ante el instructor.

En aquella declaración, Gordillo había admitido que en el Ayuntamiento de Telde las comisiones se repartían entre "los partidos y concejales" y que las presuntamente abonadas por Gestión de Cooperativas Europa figuraban en un cuaderno de notas, pero solo las del PP, porque Ciuca ya había recibido su parte.

Gordillo ha replicado ahora que estaba "muy presionado y amenazado por la Policía" y que por eso dijo lo que le indicaron para implicar a concejales, funcionarios y políticos.

Además, según el exasesor del Ayuntamiento de Telde, se "manipularon" documentos de la causa.

El exasesor ha denunciado que fue presionado especialmente por el inspector policial instructor del "caso Europa", del que ha dicho que en dos años recibió más de 100 llamadas telefónicas.

El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, que propuso a Gordillo como testigo, ha solicitado al tribunal que se le abra una causa por falso testimonio, mientras que las defensas, a excepción de la que ejerce sobre sí mismo el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, han pedido que, ante la gravedad de su declaración, se denuncien los hechos en el juzgado de guardia y la Fiscalía.

El presidente de la Sala de lo Civil y Penal que juzga el caso, José Ramón Navarro, ha dicho que resolverá en la sentencia lo reclamado por las partes.

Gordillo ha explicado que las presiones comenzaron el día 3 de marzo de 2006, cuando tras ser detenido y permanecer 70 horas incomunicado en la comisaría de La Isleta, el inspector al cargo del caso le manifestó que, si no declaraba lo que le decían, detendrían a toda su familia.

Así mismo, ha afirmado que también fue presionado por otro inspector y por la exjefa Superior de la Policía en Canarias Concepción de Vega, quien ha dicho que le engañó porque le dijo que solo iba a estar cinco días en la cárcel, y estuvo 54, y que si colaboraba a él no le pasaría nada y no sería imputado.

Según Gordillo, las presiones que sufría le obligaron a trasladarse a vivir con su familia a Madrid, aunque allí continuaron, si bien a partir del 2008 cesaron, y entonces como le dejaron de "molestar" su abogado le recomendó que esperara.

"Ahora ha llegado el momento, porque he jurado (decir la verdad) y soy creyente", ha manifestado el exasesor de Torres, quien ha anunciado que iba a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia al abandonar la Sala, si bien al concluir la vista ha dicho a los periodistas que lo hará cuando acabe el juicio.

Durante la jornada de hoy, han declarado también cuatro policías que participaron en diversos registros de domicilios y viviendas, así como uno que además fue el que actuó como secretario en la denuncia de Benítez Cambreleng, a los que las defensas han preguntado sobre las supuestas irregularidades policiales que afirman que se cometieron en este proceso.