El Gobierno de Canarias garantizó ayer la continuidad del proceso de renovación turística, al aprobar un decreto que autoriza la construcción de establecimientos turísticos de todas las categorías, pero siempre que estén vinculados a la rehabilitación, condición que deben cumplir también los hoteles de cinco estrellas y superior categoría.

La norma fue aprobada en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado tras las publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del recurso contra la Ley de Renovación Turística de Canarias, presentado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional (TC) y que suspende los apartados a y c del artículo 4.2 de la citada norma.

En ambos apartados se supeditaba la construcción de nuevos establecimientos turísticos a la rehabilitación a excepción de los de cinco estrellas o superior.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, explicó que con este decreto se quiere "clarificar" la situación de "incertidumbre" generada tras el recurso de inconstitucionalidad estatal.

Así, queda "suspendida" cualquier licencia que no esté relacionada con la rehabilitación, sostuvo.

El portavoz del Gobierno indicó que el decreto da certeza y seguridad jurídica a los inversores y a las administraciones públicas frente al "error garrafal" que, en su opinión, ha cometido el Ejecutivo central al recurrir la norma canaria ante el TC.

El portavoz expresó su sorpresa por que al Gobierno regional no le ha llegado notificación alguna del Constitucional, y el primer documento oficial que ha conocido ha sido la publicación de la suspensión en el BOE. En cuanto sea notificada la decisión judicial, el Gobierno de Canarias tendrá quince días para realizar alegaciones sobre el fondo del asunto y el Alto Tribunal deberá pronunciarse en un período máximo de cinco meses sobre la continuidad o no de la suspensión cautelar de los artículos recurridos.

Marrero comentó que el tiempo en el que estará en vigor el decreto regional será, en principio, el mismo que estén suspendidos los apartados recurridos.

"El Ministerio de Industria, Turismo y Energía pretendía una cosa con el decreto y ha conseguido lo contrario", denunció Marrero, quien afirmó que las dudas "son el peor enemigo de las inversiones".

El portavoz subrayó que habían recibido llamadas de posibles inversores para que se clarificara la situación que se ha creado tras la suspensión de los dos apartados. "Cuesta entender la metedura de pata del Gobierno central", lamentó Marrero, quien aseguró que las negociaciones con el Ejecutivo central las interrumpió de forma unilateral el ministro de Turismo, José Manuel Soria.

El objetivo de la norma aprobaba ayer en un Consejo de Gobierno extraordinario es evitar la paralización de los procesos de renovación amparados por el resto de la ley recurrida.