El Norte de Tenerife tiene problemas con el agua que llega a los domicilios y negocios de miles de personas. Zonas de once de los quince municipios de esta parte de la Isla sufren restricciones en el consumo decretadas por Salud Pública por exceso de flúor en parte de una decena de localidades, o exceso de nitratos únicamente en el Puerto de la Cruz. La ciudad turística también padece desde el 28 de febrero una restricción por turbidez que afecta a 14.000 vecinos. Existen soluciones locales y comarcales, en forma de obras para mejorar la red, pero los ayuntamientos norteños también consideran clave aumentar el control público sobre el mercado privado del agua.

Para hablar de los problemas del agua en la comarca, EL DÍA reunió en su delegación del Norte al consejero insular de Aguas, Jesús Morales (CC); a los alcaldes de Buenavista y La Victoria, Antonio González Fortes (Sí se Puede) y Haroldo Martín (CC), y a tres concejales responsables del abastecimiento de agua en las localidades de Icod, Puerto de la Cruz y La Victoria: Josafat Luis (PSOE), Lope Afonso (PP) y Dulce María Gutiérrez (CC).

El alcalde buenavistero pidió un mayor esfuerzo al Cabildo para garantizar un suministro de agua de calidad similar en toda la Isla, y defendió que el agua debería ser pública: "Estamos hablando de algo esencial y hay personas que llegan a hacer un uso especulativo de este bien básico para la vida".

Para González, "cuanta más agua se genere fuera del mercado privado, más calidad llegará a los vecinos. No podemos depender de acuerdos con particulares".

Haroldo Martín y Dulce M. Gutiérrez apoyaron el aumento del control de las administraciones públicas sobre el mercado del agua. El alcalde subrayó que no defiende las expropiaciones forzosas, "pero sí el control de algo que es esencial para la vida humana. El control debería ser público, aunque el agua siga siendo privada".

Josafat Luis también defendió que el agua debería ser pública y apuntó que "duele que las administraciones tengan que pagar por algo que cae del cielo, aunque esto no se puede cambiar de la noche a la mañana". El edil icodense abogó por empezar por establecer unas reglas de juego "más definidas" y "avanzar de forma progresiva".

"Muchos ayuntamientos suministramos agua con una calidad pésima, pero estamos al límite. Si se pudiera organizar mejor la distribución, el beneficio sería para todos y los niveles de calidad serían mejores", apuntó Luis.

El consejero Jesús Morales, que preside el Consejo Insular de Aguas, una entidad participada al 50% por los sectores público y privado, apuntó que "hay que buscar un equilibrio entre lo público y lo privado para que, aumentando la oferta, se discrimine el agua de mala calidad".

"En lugar de control, nosotros preferimos hablar de regulación o moderación del mercado. Con un respeto total a la titularidad privada del agua, pero dando la posibilidad de tomar decisiones en defensa del interés general y no solo particular", matizó Morales.

"El mercado de aguas privadas funciona bien, pero entendemos que no puede existir un liberalismo total en este sector y así se recoge en el Plan Hidrológico de Tenerife, que esta en trámite. En este documento se establecen normas para alcanzar un término medio: ni agua pública ni liberalismo absoluto. El agua es un bien esencial para la vida y necesita una mayor ordenación, pero sin ser intervencionistas", aclaró Morales.

"No queremos agua pública, pero tampoco un mercado en el que la administración no tenga nada que decir", señaló el consejero, quien añadió que el citado plan "no perjudicará a los partícipes en las comunidades de aguas, aunque quizá sí a los especuladores".

Lope Afonso coincidió con Morales en que el Consejo Insular de Aguas podría ejercer "un papel regulador" en el mercado del agua, "pero sin caer en el intervencionismo y sin plantearse cuestiones como el cambio de la titularidad del agua, algo que supondría importantes problemas jurídicos y económicos, ya que dificilmente pasaría por una solución distinta a la expropiación".

El consejero y los representantes municipales también detallaron algunas de las soluciones locales y comarcales que ya están planificadas, presupuestadas o en marcha. El Cabildo espera que en un plazo de dos años, entre 2014 y 2015, el problema del exceso de flúor se reduzca de forma notable en los municipios afectados.

Morales destacó que la obra clave para mejorar la calidad del agua en muchos municipios del Norte de Tenerife, una vez aplazada la desalinizadora de Las Llanadas (Los Realejos), debe hacerse en Santa Cruz. Se trata de la ampliación de la desaladora de agua de mar de la capital. Está previsto que amplíe su capacidad en unos 6.000 metros cúbicos y eso tendría una influencia muy importante en el Norte.

El agua desalada que se consumiría en Santa Cruz permitiría liberar la misma cantidad de agua de calidad que, en estos momentos, sale del Norte para abastecer al área metropolitana.

A menor escala, ya ha ocurrido algo similar con las actuaciones en La Laguna, que han permitido liberar una cantidad de agua de calidad de la galería de Vergara I, que ahora recibirá Icod. En la Ciudad del Drago esperan que esta medida, adelantada ayer por EL DÍA, reduzca notablemente los niveles de flúor y las restricciones en el municipio y la comarca.

El uso de la desaladora de Buenavista Golf y una inversión de 600.000 euros permitirán abastecer con agua de calidad al casco del municipio. En Garachico, los 2.000 vecinos de Genovés y San Juan del Reparo podrán beneficiarse de una obra que llevará a estos núcleos agua sin exceso de flúor de la galería del Buen Viaje. En Icod, la citada compra de agua mejorará la situación actual y, además, está previsto ampliar la desalinizadora de Altos de Icod y poner en marcha la de El Reventón.

En Acentejo se trabaja en nuevas conexiones con el Canal del Norte, que lleva agua de más calidad. El Cabildo invertirá 873.000 euros en una obra que terminará con el exceso de flúor en los cascos de La Victoria y La Matanza.

Martín y Gutiérrez añadieron que la incorporación de agua del pozo de Cuatro Caminos y una obra para utilizar el agua de la galería de La Bobadilla "permitirán, junto a la inversión del Cabildo, resolver prácticamente en su totalidad el problema del flúor en el municipio".

El consejero destacó el trabajo del Cabildo para "resolver un problema histórico que está en vías de solución". También citó la incidencia de las pérdidas en la red en el coste del servicio, "ya que hay municipios que superan el 50%". El rediseño de las redes locales es otra necesidad acuciante en localidades como Icod de los Vinos, donde tienen 17 depósitos, y eso multiplica los costes.

Morales también puso el acento en la necesidad de incrementar la depuración de aguas residuales, que podrían utilizarse para riego. En la actualidad, apenas se depura el 5% del total, pero el Cabildo espera llegar al 11 o 12% de depuración en unos años. Esto evitará que agua de buena calidad para consumo humano se utilice para regar cultivos.

Josafat Luis añadió que "por cuestiones como la rapidez en el pago, agua de buena calidad se utiliza para fines agrícolas mientras los vecinos reciben en sus casas un agua peor".

La labor de control de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias también recibió algunas críticas de los municipios, en especial por las sanciones que impone. La edil Dulce M. Gutiérrez recalcó que "Salud Pública debería ser más flexible y facilitar la labor a los ayuntamientos". Para Josafat Luis, "los controles hay que hacerlos, pero estamos en contra de las sanciones, que no ayudan en nada".

Lope Afonso habló también del caso del Puerto de la Cruz y recordó que los problemas locales se deben a defectos en las infraestructuras. El origen de las cuatro restricciones que ha sufrido la ciudad en los últimos 14 meses está en el hundimiento de parte del techo del depósito de La Vera, en abril de 2012. Aquel incidente obligó a hacer una conexión de emergencia con depósitos de menor capacidad, como el de Mar Dulce, "que evidentemente no están preparados para poder asumir la cantidad y frecuencia del suministro necesario de agua. Y eso ha originado los reiterados problemas de turbidez".

Afonso reconoció que se trata de un problema complejo "desde el punto de vista técnico y jurídico, que ha causado discrepancias entre el ayuntamiento y Aqualia respecto a la financiación de los trabajos necesarios: la instalación de nuevos filtros y la reparación del depósito de La Vera".