Cerca de 46.000 personas están a la espera de que se les conceda una prestación por la Ley de Dependencia, una situación fruto, a juicio de la diputada Milagros Bethencourt, de la "mala gestión de la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas", ya que desde 2011 "no ha entrado ningún beneficiario más". La aplicación de esta norma, así como los diversos problemas que hay en la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda en la actual situación de crisis económica, ha motivado que el grupo parlamentario popular solicite la dimisión de la titular del área, Inés Rojas.

¿Por qué solicita el PP en el Parlamento canario el cese de la consejera Inés Rojas?

Toda el área de Inés Rojas es desastre, desde la Dependencia hasta la hipoteca joven Canarias, la PCI, las personas con discapacidad, las viviendas protegidas... Pero no solo pedimos su dimisión nosotros, sino los ayuntamientos, cabildos y asociaciones también. Hasta la defensora del pueblo reprueba su gestión. Ella le echa la culpa de todos los problemas de su Consejería a la financiación o la burocracia y no reconoce su parte de culpa. Debería ser honrada e irse porque no puede con su área, pero sigue pensando que su gestión es buena.

La Dependencia es una de las materias que más controversias han generado. ¿Cómo está la aplicación de esta ley en las Islas?

La Dependencia en Canarias es caótica. La ley entró en vigor en 2007, y hasta 2010 estaban los planes sociosanitarios. Hasta esa fecha se fueron acoplando estos planes, pero desde 2011 no ha entrado ningún beneficiario más, por lo que el problema de la Dependencia no es que esté colapsada, es que está congelada. En este sentido, cabe recordar que 8.097 personas fallecieron entre 2010 y 2013 esperando su prestación, de las que 4.245 tenían reconocida su gran dependencia.

¿Cuántas personas, según el PP, hay esperando por que se les reconozca este derecho?

En Canarias no hay 40.000 solicitudes como dice el Imserso, esa es la cifra de las personas que ha migrado la base de datos de la Consejería, pero las peticiones son 57.000, tal y como ha reconocido el propio director general en un medio de comunicación. De estas personas solo 11.000 perciben una prestación, por lo que hay 46.000 personas esperando su prestación.

Pero el Gobierno asegura que esos dependientes sí perciben una prestación a través de servicios de la Comunidad Autónoma.

La consejera Inés Rojas confunde a la opinión pública y lo hace adrede. Ella dice que Canarias atiende casi a 24.000 usuarios de ayuda a domicilio y teleasistencia, y sí se les atiende, pero lo hacen los ayuntamientos y los cabildos con dinero de sus propios recursos, y una pequeña aportación del Gobierno regional y del Estado. Estas personas no reciben la ayuda a través de la Ley de Dependencia, sino por el plan concertado de prestaciones básicas, que son cosas diferentes, y ella los presenta como beneficiarios de su Consejería. De esta forma lo único que logra la consejera Inés Rojas es dejar de recibir dinero del Estado, y es una negligencia por su parte.

Precisamente es la falta de dinero por parte del Estado lo que, según la consejera Inés Rojas, ha provocado esta situación en Dependencia.

El itinerario para recibir el dinero del Estado es que la comunidad autónoma reconozca al dependiente, le da el PIA y pide a Madrid el dinero para esa persona. Si la consejera no reconoce a los dependientes, Madrid no da el dinero; a más personas reconocidas más dinero llega. Además, el último informe del Tribunal de Cuentas, que está en periodo de alegaciones, muestra que Canarias en 2012 recibió 79 millones de euros para Dependencia del Estado y la Comunidad Autónoma solo destinó 73. El estado dio 15 millones de euros más que la CCAA, cuando la ley dice que cada administración debe aportar un 50%, así que si hay un problema de financiación es de la Comunidad Autónoma. De ahí que podamos afirmar que no es problema de financiación, sino de gestión, y sobre todo de la incapacidad personal de la consejera Inés Rojas, que en 3 años ha llevado a la Dependencia a donde está.

Parece una contradicción que el Gobierno se queje de falta de dinero pero que destinara 6 millones de euros de Dependencia a Vivienda el año pasado.

Para los dependientes debe ser terrible saber que hay 46.000 personas esperando acogerse a la Dependencia durante años y años, algunos de ellos muriendo, y ver que destinó 6 millones de la Dependencia la Icavi en 2013 y que no los haya recuperado. A eso hay que sumar que aporta 15 millones menos. Los canarios se deben sentir engañados por esto, y por darse cuenta de que mintió en la estrategia contra la pobreza al decir que iba a dar 5 millones más para los dependientes y lo hacía para tapar ese agujero que dejó.

¿Qué opina del caso de Juanito, el menor gran dependiente al que se le retiró su prestación?

Este es un caso de negligencia por parte de la Consejería y de quien llevó a cabo esa revisión. Las revisiones están contempladas en la ley desde 2011, por lo que el criterio de revisión es del Gobierno socialista. Es verdad que son revisiones técnicas, pero no podemos entender cómo un niño con ese grado de gran dependiente pase de la noche a la mañana a ser moderado. Por otro lado, llama la atención cómo se puede ser tan rápida haciendo las revisiones de quien ya percibe una prestación y tan lenta para reconocer la dependencia de las 46.000 personas que esperan por esto.