El Gobierno de Canarias finalizó el 2013 con un total de 12.882 personas esperando que se les reconociera su grado de discapacidad, según denunció la diputada popular Milagros Bethencourt.

La parlamentaria informó que, según una respuesta escrita del ejecutivo, la Consejería de Políticas Sociales mantenía a final de noviembre a 5.669 personas esperando por el reconocimiento de la discapacidad que sufrían. En Gran Canaria la cifra ascendía a 6.222; en La Palma a 638; en Lanzarote a 130; en Fuerteventura a 111, en La Gomera a 47 y en El Hierro a 47 personas.

La falta de este reconocimiento, a juicio de la diputada popular, tiene consecuencias nefastas para estas personas, ya que, "de forma independiente a que reciban una prestación económica, no pueden acceder a numerosos servicios que facilitan el desarrollo de su vida cotidiana".

Entre otros beneficios, destacan los fiscales, ya que con el documento de reconocimiento las personas con discapacidad pueden disfrutar de desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta y reducciones o exenciones en la Declaración de Patrimonio.

Otras de las ventajas de "las que el Ejecutivo regional priva a estas personas" son becas y ayudas en Educación, facilidades para acceder a un empleo, transporte interurbano gratuito, justicia gratuita y expedición de tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, entre otras.

De ahí que Milagros Bethencourt reitere su petición de dimisión de la titular de la Consejería de Políticas Sociales, Inés Rojas, ya que "condiciona y limita la vida de miles de canarios solo por no realizar un simple papel que ayudaría a estas personas a mejorar su calidad de vida", destacó.

Además, hizo hincapié en el oscurantismo en la gestión de la consejera, al asegurar que, más de diez meses después, el Gobierno de Canarias continúa sin aclarar en qué estado se encontraban los 4.300 expedientes, que la Consejería tenía abiertos, de personas que fallecieron entre 2008 y hasta mayo 2013, cuando se ordenó el archivo de estos expedientes.

"Inés Rojas nunca dio una respuesta coherente sobre ese tema, al igual que no ha respondido si estas personas tenían reconocido sus derechos", destacó Milagros Bethencourt.