El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), negó ayer haber asesorado a empresario alguno como abogado desde que tomó posesión del cargo y desmintió las informaciones publicadas por periódicos de Las Palmas en el sentido de que el BIC del Oasis Maspalomas estuvo influido por intereses de sus antiguos clientes.
Bravo de Laguna responde en estos términos a la denuncia que uno de los propietarios del centro comercial Oasis de Maspalomas, el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, formuló contra él ante la Fiscalía Anticorrupción, para acusarle de haber favorecido a una serie de intereses empresariales privados con el expediente que protegió la zona con la categoría de sitio de interés histórico.
El empresario sostiene que Bravo de Laguna, a través de su despacho de abogados, habría trabajado en ese expediente "casi asociado" con Lopesan.
También asegura haber pactado con el despacho jurídico de José Miguel Bravo de Laguna en 2010 una serie de cantidades a cambio de que realizara gestiones e intermediaciones urbanísticas en esa zona de Maspalomas.
Bravo de Laguna niega que, primero como abogado, y ahora como cargo público haya cometido "irregularidad alguna" y menos aún, enfatiza, en relación con el asesoramiento que prestó antes de ser elegido presidente del Cabildo "a la comunidad de propietarios del centro comercial Oasis (2008-2010) o a la familia Rodríguez Marichal (2010-primer semestre de 2011), a través de la sociedad Rodríguez Marichal y Correa SL".
"Niego total y absolutamente que después del 20 de junio de 2011 haya intervenido profesionalmente como abogado, ni asesorado, ni percibido cantidad alguna, al ser mi cargo incompatible con el ejercicio privado de la profesión", dijo De Laguna, que se reserva las acciones legales que correspondan y se pone a disposición "de cualquier actuación judicial". Concluyó reivindicando su decisión de no dejarse afectar por "la pugna de intereses privados o empresariales que puedan estar detrás de todo este tema".