La expulsión de España del activista uruguayo residente en Lanzarote José Morales Brum ha sido declarada injustificada mediante una sentencia de un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que anula el expediente que acabó con su salida del país, según ha informado hoy su grupo de apoyo.
Morales Brum fue expulsado y enviado a Uruguay en junio de 2012 después de que la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas le abriera un expediente administrativo por haber participado en una concentración en febrero de 2012 ante la sede del Partido Popular en Lanzarote en protesta por las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol cerca de las islas, recuerda dicho grupo en un comunicado.
El colectivo de apoyo a este activista sostiene que la Subdelegación del Gobierno "le acusaba, en forma falsa, de alterar el orden público" el día en que se convocó esa protesta, en la que habría increpado a varios dirigentes del PP, entre ellos al líder de ese partido en Canarias y ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Desde el denominado Grupo de Apoyo a José Morales se destaca que en el citado fallo, emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria con fecha del 26 de febrero pasado, se señala que, en el caso del activista uruguayo, "ni se motiva la opción de expulsión ni se entiende que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos".
"Tampoco se entiende que el comportamiento en sí (del ciudadano uruguayo) atente contra la seguridad ciudadana", por lo cual "en ningún caso se justifica la expulsión sin más del recurrente", agrega la sentencia, difundida por este colectivo.
El Grupo de Apoyo a Morales Brum considera que esta sentencia "deja en evidencia la clara persecución política" que ha sufrido este activista por parte de la Administración del Estado.
En su opinión, el fallo "deja en claro que fueron falsas las acusaciones, difamaciones, injurias y calumnias que se levantaron en su contra por parte de las autoridades españolas".