El subsecretario del Ministerio de Turismo, Enrique Hernández Bento, dejó entrever ayer la posibilidad de que los gobiernos central y canario puedan "negociar" una salida al conflicto generado con la Ley de Renovación Turística de Canarias.

En declaraciones a la cadena Ser en Las Palmas, Bento condicionó el posible acuerdo a que el Gobierno canario incluya en la modificación de la citada norma una serie de parámetros vinculados al medio ambiente y a la protección del territorio, previamente consensuados con el Ejecutivo central. "Estamos abiertos a llegar a un acuerdo en este sentido", enfatizó.

El subsecretario hacía referencia así a la proposición no de ley que, impulsada por la diputada María del Mar Julios, preparan los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y PSOE para instar al Ejecutivo regional a que se autorice la construcción de hoteles nuevos, tomando como referencia criterios de calidad y sostenibilidad, y no solo el número de estrellas (categoría).

Julios aseguró que la iniciativa está "consensuada" con los empresarios del sector turístico de Gran Canaria -los que se habían quejado por la norma regional-, aunque consideró que no entra en "contradicción" con lo que han dicho los empresarios de Tenerife. "Hay que mover ficha y caminar en algún sentido", dijo.

La diputada defendió que ya no se trata de que construyan hoteles de 4 o 5 estrellas, sino que, en suelo ya calificado, se levanten establecimientos que den al destino turístico un plus de calidad vinculado al medioambiente. En su opinión, para resolver el problema de los hoteles de cuatro estrellas, que ha sido recurrido en el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central, se debe "evaluar" primero, en el mes de mayo, la actual ley turística.

Así, en vez de facilitar autorizaciones previas en función de una clasificación determinada por las estrellas, que tienen que ver más con la situación de los mercados, la oferta y la demanda, Julios plantea que la referencia esté en la calidad y respeto ambiental.

Una de las novedades de esta propuesta es la de introducir los criterios de sostenibilidad, para que las nuevas instalaciones cuenten con elementos ecológicos como el tratamiento de residuos, desanilización de agua y energías renovables, entre otros.

La diputada subrayó que esas instalaciones podrían identificar a Canarias como "un destino turístico con instalaciones sostenibles", que le diferenciaría de otros destinos competidores.

María del Mar Julios aseguró que su objetivo es que la proposición no de ley se discuta cuanto antes, "si fuera posible dentro de dos plenos", para que en el mes de junio pueda presentar un adelanto de la evaluación.

"El Parlamento debe aprovechar los datos que ya tiene el Gobierno canario para introducirlos en el camino de la calidad y sostenibilidad", subrayó Julios, quien agregó que esta fórmula "es capaz de ganar consensos y de mantener una prioridad que todos los grupos comparten: la rehabilitación de la planta obsoleta".

La diputada grancanaria recordó que el informe del Consejo de Estado que utiliza el Gobierno central "deja muy claro que Canarias sí tiene capacidad para discriminar en las autorizaciones previas en base a criterios medioambientales, y no tanto los económicos y de mercados, por lo que esta puede ser una salida importante".