Los servicios sociales en Canarias fueron el primer motivo de queja ante el Diputado del Común durante el año pasado, informó ayer el titular de la institución, Jerónimo Saavedra, tras presentar la memoria correspondiente a ese año al presidente del Parlamento, Antonio Castro.

En este último ejercicio, el Diputado del Común aunó todas las quejas sobre los servicios sociales (menores, discapacidad, PCI...) en un mismo bloque, ocupando un tercio de las 1.604 quejas recibidas el año pasado las referidas a esta área, "algo normal dada la coyuntura económica y social".

De esta área, fue la Dependencia el principal motivo de reclamaciones. Saavedra explicó que la situación derivada de los graves problemas que se registran en la aplicación de esta norma ha motivado que realice un informe específico sobre la Dependencia, que será debatido próximamente en el Parlamento. El documento destaca "un grave problema de decisión del Gobierno, no solo del actual sino de todos los anteriores".

El informe analiza los servicios sociales desde 2002 y su adaptación a la Ley de Dependencia en 2007. En lugar de adaptarse, el Gobierno, "durante dos años, estuvo ajeno a ello, y eso es una decisión política que se adoptó".

Esto provocó, según el informe del Tribunal de Cuentas estatal, que "Canarias haya perdido varios millones de euros de dinero procedentes del Gobierno central por no reconocer a más dependientes", señaló Saavedra, quien destacó que no se puede tener a personas que "fallecen sin haber recibido su PIA (Programa Individual de Atención)".

Además, recordó que la ayuda a domicilio y la teleasistencia que se presta en el Archipiélago siguen estando fuera de la Ley de Dependencia, por lo que "no se recibe ni un euro por ese concepto".

De ahí, que el Diputado del Común afirmara que el problema de la Dependencia en Canarias "es de gestión, no de financiación".

En este sentido, Jerónimo Saavedra recomendó al Gobierno y a los diputados que establezcan "un criterio de mayor eficiencia" y "se mejore la gestión".

El segundo motivo de reclamación en Servicios Sociales durante el año pasado fue la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que acumula "quejas vivas desde 2008".

Justicia, que en los últimos años lideraba los motivos de queja, ocupó en 2013 el segundo lugar, en concreto los retrasos que se producen en la tramitación y resolución de causas y los problemas de acceso a la justicia gratuita.

Saavedra informó que ha abierto una queja de oficio para saber el motivo por el que los tres colegios de abogados y el de procuradores han creado "una lista de espera de hasta nueve meses para citar a los ciudadanos que han solicitado un abogado de oficio".