Juan Rodríguez era un palmero de 81 años, al que le amputaron una pierna, padecía diabetes y tenía sus facultades mentales mermadas. A finales del 2009, Rodríguez fue llevado a Bolivia con engaños por ciudadanos de ese país y policías nacionales sospechan que lo mataron para quedarse con el dinero que tenía en sus cuentas en Tenerife. Cuatro años después, el caso fue archivado por una jueza de La Laguna al considerar que no era competente para proseguir las pesquisas en Bolivia y planteó a la hija de la víctima que denunciara en el país andino. A día de hoy no hay detenidos y, de seguir así las cosas, no habrá juicio ni culpables. Y la hija se siente maltratada por el sistema judicial.

La investigación llegó hasta donde pudo el Grupo de Homicidios en 2010, pero no continuó en Santa Cruz de la Sierra, donde se cree que asesinaron a Juan Rodríguez y donde al menos uno de los implicados supuestamente goza de lujos gracias a la apropiación de los 365.000 euros de la víctima.

Juan Rodríguez pasó los últimos años de su vida de manera sórdida. Su carácter osco y amargado lo alejó de sus familiares. Y su comportamiento antisocial provocó que lo rechazaran en varios geriátricos de Tenerife. Fue así como contactó con una familia boliviana, que se ofreció a cuidarle por dinero.

Durante más de un año y medio, el discapacitado fue atendido por una mujer (Patricia), tres de sus hijos y el novio de la primera (Marcelo), un delincuente que entró en España con pasaporte falso.

Todos residían en un piso de El Cardonal, en la calle Gran Tinerfe.

En octubre de 2009, Marcelo y Patricia viajan con Juan hasta Puntallana, de donde era oriundo, y lo abandonan, sin dar explicaciones, ante la casa de su hermana, que reclama ayuda a Servicios Sociales para que personal de ayuda a domicilio efectúe el aseo personal al octogenario. Dicha prestación se realiza en los primeros días, pero personal de dicha Concejalía busca alternativas para la atención al discapacitado, debido a la dificultad que suponía para su familia. Así se solicitó plaza en el Hospital y se contactó con su hija, que reside en Tenerife, para ver si quería cuidarlo. La hija no mantenía relación afectiva alguna con su padre, pero, al conocer la situación, está dispuesta a proporcionarle bienestar. La hija recibió el aviso un jueves y dijo que viajaría a La Palma el martes siguiente. Ese encuentro nunca se produjo. El discapacitado aceptó, en principio, la atención de su hija, pero después insistió en llamar a los bolivianos para que lo atendieran.

Así pues, los sudamericanos recogieron a Juan Rodríguez el sábado y regresaron a Tenerife. Su hija presentó entonces denuncia por abandono y desaparición de su padre, pero la Policía Nacional localizó a los bolivianos y a su padre en el domicilio de El Cardonal el 16 de noviembre de 2009.

Por esos días, la víctima y Marcelo acudieron hasta en cuatro ocasiones a una sucursal bancaria próxima al Mercado de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo del boliviano era que el octogenario realizara una transferencia de dinero por una importante suma. En un primer momento, Marcelo obtuvo unos 50.000 euros y posteriormente otros 315.000.

La víctima mostró al personal del banco su deseo de entregarle el dinero al sudamericano, "porque lo iba a llevar a Bolivia, donde le pondrían unas prótesis en las piernas con las que podría volver a andar y a ser independiente". Según relataron a la Policía, dos empleados advirtieron a Juan de que podría ser víctima de una estafa o de algo peor, a la vez que le pidieron que se pensara bien la transferencia antes de realizarla.

Esos trabajadores señalaron al Grupo de Homicidios que trataron de localizar a algún familiar, aunque no lo consiguieron. Su hija relató a EL DÍA que tenían su teléfono, pero que nunca la llamaron. La transferencia de los 315.000 euros se produjo el 26 de noviembre. Ese mismo día, Marcelo y Juan viajaron hasta Bolivia, tras pasar por los aeropuertos de Barajas y de Ezeiza, en Argentina. Rodríguez tenía billete de regreso a Tenerife para el 10 diciembre. Pero ese pasaje no llegó a usarlo, a pesar de que lo tenía pago. Los investigadores de Homicidios estiman que el asesinato del palmero pudo ocurrir a mediados de diciembre. Las sospechas de la Policía, basadas en los "pinchazos" telefónicos del móvil de la hija, es que Rodríguez pudo morir torturado en el interior de un cuarto, sin comida ni los medicamentos que requería su enfermedad crónica. De hecho, el certificado de defunción de Juan Rodríguez tiene fecha del 16 de diciembre y supuestamente fue enterrado en el cementerio del Nuevo Palmar o en Las Pampas, por los testimonios recabados por los agentes. Marcelo regresó solo a Tenerife y, posteriormente, el dinero estafado al discapacitado fue sacado ilegalmente de España por el citado individuo, con la colaboración de tres hijos de su entonces pareja, Patricia, a tenor de las declaraciones de cuatro testigos a la Policía. Una de las hijas de Patricia fue arrestada en Santa Cruz de Tenerife por los delitos de encubrimiento, receptación y blanqueo de capitales, aunque volvió a quedar en libertad a los pocos días. A dicha joven se le intervino, entre otras cosas, una prenda de vestir preparada con un compartimento oculto en el interior. Marcelo se compró, al menos, dos viviendas en urbanizaciones diferentes de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), así como diversos coches de alta gama.

El trágico final del octogenario no se conoció hasta el 10 de mayo del 2010, cuando familiares palmeros de Juan Rodrigo empezaron a recibir llamadas en las que se informaba sobre el supuesto asesinato de Juan Rodríguez y del uso que se le daba al dinero ahorrado durante toda su vida por la víctima.