No es la primera vez que el Diputado del Común denuncia la inacción de las administraciones públicas de las Islas en materia de disciplina urbanística, pero en su último informe, relativo al año 2013, sus críticas son especialmente contundentes. La institución -equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad Autónoma- advierte de que estas competencias se ejercen "de forma torpe y tardía". El resultado es que las obras ilegales "se consolidan" y que las administraciones -principalmente los ayuntamientos- "logran dar la cobertura necesaria para amparar a los infractores".
El Diputado del Común -cuyo titular, Jerónimo Saavedra, entregó el informe al Parlamento el pasado viernes- considera que de esta manera "se perjudica el interés general por varias razones". La primera es de índole económica: quienes edifican sin autorización administrativa "no pagan sus correspondientes tasas e impuestos derivados del urbanismo". También "se dedican recursos municipales a perseguir a los infractores" y, además, de "forma ineficiente, con el consiguiente gasto público que acarrea".
El segundo motivo tiene que ver con lo paisajístico. "Con las obras ilegales se estropea el paisaje urbano, así como el medio ambiente", observa la institución dependiente de la Cámara regional.
Finalmente, Saavedra recomienda mayor dureza con las irregularidades urbanísticas porque surten un efecto "deslegitimador". "Mandan un mensaje a los ciudadanos que sí cumplen con la normativa urbanística y medioambiental: has pagado las tasas y los impuestos porque has querido, ya que las administraciones públicas -generalmente los ayuntamientos- no te iban a perseguir si hubieras hecho obras sin autorización; y si te denunciaran, dejarían caducar el procedimiento", argumenta el Común.
"Construye, que no te va a pasar nada y te sale más barato que obtener la licencia". Ese es el mensaje que, según el Diputado, se envía a los promotores y constructores.
La institución ha actuado de oficio en este asunto, pero además constata que las quejas por la ejecución de construcciones ilegales son las más abundantes entre las que ha recibido en materia de política territorial y urbanismo.
"Las respectivas administraciones públicas proceden a incoar los correspondientes procedimientos sancionadores de forma torpe, sin tramitarlos con celeridad y sin resolverlos en plazo, con lo que se está produciendo su caducidad y la consolidación de las obras ilegales, y todo ello, con la excusa de falta de medios materiales y humanos para realizar dicho cometido", indica el Diputado en su informe anual.
La inactividad de las administraciones tiene dos vertientes: "la falta de respuesta a los ciudadanos cuando han presentado alguna denuncia urbanística y la falta de actuación ante el hecho denunciado".
La mayoría de las quejas relacionadas con el primero de los aspectos de esta "patología administrativa" se solucionan, pero en lo relativo a las medidas disciplinarias y el restablecimiento de la realidad alterada por la obra ilegal es donde se producen las mayores ineficiencias, de tal manera que el resultado es que las administraciones "logran dar la cobertura necesaria para amparar a los infractores".