El año pasado el Diputado del Común tuvo que recordar en 473 ocasiones a 76 administraciones públicas canarias su deber legal de colaborar con esta Institución, ya que pasaron más de 3 meses sin responder a sus solicitudes de informes. Del total de administraciones que recibieron el aviso, 53 eran ayuntamientos, siete consejerías, cinco cabildos y hasta Presidencia del Gobierno.
En su memoria de 2013, el titular de la Institución, Jerónimo Saavedra, incluye como novedad la falta de remisión en el plazo establecido por las administraciones públicas de Canarias de los informes solicitados por el Diputado del Común para investigar las quejas que tramita. Se trata, según el documento, administraciones que "no responden al concepto de buena administración, y por ende, buen servicio al ciudadano".
Saavedra explica que las administraciones tienen el plazo de un mes para responder a su solicitud, y que de expirar este recuerda la petición y da otros 30 días. Si este tiempo concluye sin obtener respuesta, la Institución otorga otros 15 días, y si estos transcurren de igual forma realiza el recordatorio del deber legal de colaborar.
Si algunas administraciones persisten en su actitud y no remiten información alguna el Diputado del Común advierte de que la declarará obstruccionista y entorpecedora de la labor de la Institución. El año pasado, se enviaron 94 advertencias de este tipo, destaca el documento.
Las administraciones regionales que recibieron este aviso fueron Presidencia del Gobierno de Canarias, las consejerías de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (más de la mitad de las advertencias); Economía, Hacienda y Seguridad y Educación, Universidades y Sostenibilidad (por la Apmun). En cuanto a las insulares fueron los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.
Hasta 18 ayuntamientos estuvieron al límite de ser declarados ante Fiscalía obstruccionistas. En concreto, fueron los consistorios de Santa Cruz de Tenerife, Guía de Isora, Adeje, Arona, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de La Palma, Puntallana, El Paso, Los Llanos de Aridane, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Valleseco, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje.
Además de dar estos plazos, "el personal de esta Institución realiza gestiones telefónicas con la administración morosa en enviar la información" para intentar agilizar la respuesta.
Si el plazo otorgado finalizara sin obtener respuesta, el Diputado del Común declararía a la administración "obstruccionista y entorpecedora de la labor del mismo" ante el Parlamento de Canarias, y daría un nuevo plazo de 15 días hábiles para remitir su información, o, de lo contrario, lo comunicaría a la Fiscalía.