La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha archivado el caso del psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal Enrique Armas Vargas, que fue denunciado por delitos de falsedad de documento público, falso testimonio, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación, cometidos durante el ejercicio de su profesión.

La Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense explicó ayer, en una rueda de prensa, que el rechazo a emprender acciones legales del Ministerio Público se debe a un "informe falso que presentó el director del Instituto de Medicina Legal, ya que decía que este forense realizaba funciones diferentes a sus tareas habituales".

La Plataforma asegura que el forense utilizaba a las personas que acudían al Instituto de Medicina Legal para realizar pruebas experimentales para sus propios estudios profesionales de uso privado.

Lo que, presuntamente, hacía era incluir test de su propia elaboración entre las pruebas que realizaba tanto a víctimas como imputados, los cuales, según la Plataforma, desconocían que se trataba de exámenes al margen de lo establecido por el Instituto de Medicina Legal. Además, los afectados "nunca dieron autorización expresa para ello", aseguró el colectivo.

Los resultados de estos test eran, supuestamente, utilizados para que Enrique Armas realizara sus estudios, los cuales "fueron expuestos en diversos congresos de la Península".

"Detectamos un estudio de esta persona en el que presenta hasta 425 casos de personas a las que ha sometido a estas pruebas, así como otra dos investigaciones en las que cita 129 mujeres y otras 358 personas, todos ellos sometidos a las pruebas durante el desarrollo de su labor en el Instituto de Medina Legal", destacó el representante del colectivo de profesionales y presuntas víctimas, Julio Padrón.

Fue este último estudio el que ha llevado a un juzgado de Gerona a imputarlo de los delitos de falsedad de documento público, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación, informó el colectivo.

Además, Padrón aseguró que Enrique Armas Vargas está dado de baja en el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, "por lo que no puede ejercer en esta administración".

El motivo, según Padrón, por el que se dio de baja del Colegio profesional fue "para eludir una sanción que le iban a imponer por realizar prácticas ilegales".

De ahí que la Plataforma haya reiterado su solicitud de que el Gobierno de Canarias destituya al psicólogo de su cargo.

En este sentido, Padrón anunció que "exigiremos al consejero de Justicia, Francisco Hernández Spínola, y al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, que destituyan del cargo que ejerce a esta persona". Para destituir a esta persona, la Plataforma dio "un mes y medio de plazo, si no lo hacen pediremos la dimisión de ambos representantes públicos".

Por su parte, la Consejería de Justicia aclaró ayer, en un comunicado de prensa, "la no obligatoriedad de colegiación del personal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que desarrolla la actividad de psicología forense ordenada por los órganos judiciales cuando el destinatario inmediato de los servicios que prestan sea la Administración". Pese a esto, el colectivo asegura que una norma reciente obliga a la colegiación.