Sin papeles sobre el atril y durante una hora y 56 minutos, el presidente canario, Paulino Rivero, resumió ayer los últimos 365 días al frente del Gobierno, en una intervención más bien exenta de autocrítica y en la que volvió a quedar patente la confrontación con el Estado.
Una comparecencia en la que el jefe del Ejecutivo canario anunció diez medidas -detalladas en la columna de la derecha- con las que el Gobierno pretende contribuir a la recuperación económica y la cohesión social. Diez iniciativas -idéntica cantidad que las anunciadas hace un año- con cierto color socialista, socio de Coalición Canaria (CC) en la Administración regional.
Rivero se agarró a los "esperanzadores indicadores económicos", basados principalmente en el tirón del sector turístico, para ensalzar su gestión durante los últimos 365 días, si bien reconoció que la situación no es ni mucho menos la ideal con un escueto "las cosas aún no están bien".
El jefe del Ejecutivo regional aprovechó su intervención ante el Pleno para incidir en las demandas al Estado, uno de los ejes de su último año de gobierno. Lo hizo por varios frentes: financiación autonómica, Ley de Dependencia, Régimen Económico y Fiscal (REF) y prospecciones petrolíferas.
Sobre el primer asunto, Rivero demandó al Gobierno de Mariano Rajoy un modelo de financiación más "justo", para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan percibir per cápita "más o menos lo mismo". En definitiva, para que permita financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Precisamente, el segundo asunto también giró en torno a la financiación. Rivero anunció que el Ejecutivo destinará "al menos el 10%" de la nueva financiación autonómica que se obtenga del cambio del sistema a la dependencia, uno de los aspectos más criticados de su gobierno y que ha llevado al PP a iniciar el trámite para reprobar a la consejera del área, Inés Rojas. Lo hizo público tras criticar al Estado por, a su juicio, reducir de un 50 a un 25% las partidas para este recurso.
Mientras, en relación con el REF, cuya negociación con el Gobierno central ha sufrido un ligero retraso por la falta de acuerdo en algunos puntos, Rivero advirtió de que el nuevo documento debe adaptarse "a los nuevos tiempos" y no depender del "gobierno de turno" en Madrid.
El jefe del Ejecutivo remarcó que el acuerdo del Parlamento de Canarias, de julio de 2012, es la "base" de la negociación con el Gobierno central, y confió en que el nuevo texto esté aprobado por la UE antes de que acabe el mandato actual de los comisarios en octubre o noviembre.
Y para acabar, el petróleo. Rivero dijo que "aún espera" una respuesta por parte del Gobierno de Madrid respecto a la petición de una consulta popular sobre las sondeos petrolíferos, y pidió que se suspendan las autorizaciones hasta tanto no haya un entendimiento con las instituciones canarias, o bien se permita que se realice la consulta popular. "Algunos dicen que en las manifestaciones contra el petróleo son más los que no salieron que los que lo hicieron. Si esto es así, demos voz al pueblo, porque no estamos hablando de un asunto menor", remarcó.