El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, alertó ayer de las complicaciones que entraña crear un sistema "homogéneo y regular" para que los alimentos no consumidos en los comedores escolares lleguen a las familias en dificultades económicas.

En declaraciones a los medios durante la presentación de la oferta de Formación Profesional para el próximo curso, Pérez detalló que los problemas son de diferente orden. En primer lugar, negó que en los comedores "sobre tanta comida". "Lo que sobra -argumentó- es lo que corresponde a los alumnos que no asisten ese día, y eso no es fácil de prever". Es, además, "una cantidad insuficiente" para dar cumplimiento mediante un sistema "estable" a la proposición no de ley aprobada el martes por el Parlamento regional.

El titular de Educación también encuentra dificultades de tipo sanitario en la medida. "Sacar comida de un centro escolar es ahora imposible desde el punto de vista sanitario", advirtió. La razón por la que no se producen incidencias sanitarias en los comedores "pese a los muchos riesgos que existen" y a que hay alrededor de 70.000 comensales que acuden a diario a ellos es porque el control es "muy exhaustivo".

A juicio de José Miguel Pérez, esta supervisión tan estricta de la calidad y salubridad de los alimentos puede relajarse en cuanto la comida sale del centro. "¿Quién se responsabiliza a partir de ese momento", se preguntó.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias no expresó ayer objeciones a la iniciativa, si bien precisó que cuando se ponga en marcha "deberá producirse la coordinación entre Sanidad y Educación para poder garantizar la seguridad alimentaria" en el proceso de almacenamiento, distribución, conservación y transporte de los alimentos.

Al mismo tiempo, puntualizó que por comida sobrante debe entenderse la que no llega a servirse a los comensales porque estos son menos de los previstos, y nunca la que, una vez que ha sido servida, no se consume.

La proposición no de ley aprobada por la Cámara legislativa autonómica fue propuesta por el diputado del grupo nacionalista Nicolás Gutiérrez, quien a su vez trasladaba una solicitud de una asociación de padres de alumnos de Fuerteventura.

La iniciativa, respaldada por unanimidad, insta al Gobierno a estudiar "de forma urgente" la modificación de la normativa reguladora de la gestión y funcionamiento de los comedores escolares para permitir que la comida no utilizada -siempre que cuente con las garantías sanitarias oportunas- pueda distribuirse entre las familias del centro o las personas el municipio que lo necesiten a través de los servicios sociales y las ONG.