Los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y Socialista han presentado hoy una proposición no de ley en la que piden, entre otras medidas, que las autorizaciones para la construcción de nuevos hoteles se den de acuerdo a la calidad del establecimiento y no por la calificación de estrellas.
La iniciativa, promovida por los diputados María del Mar Julios (CC) y Emilio Mayoral (PSOE), busca, según manifiestan, soluciones a la paralización turística derivada del recurso de inconstitucionalidad estatal presentada a la ley de renovación y modernización turística.
En la iniciativa se pide que se retomen las negociaciones para encontrar una solución jurídica segura, consensuada con las instituciones y que atraiga a los inversores.
Para Julios y Mayoral, basar los criterios previos de las autorizaciones en los estándares de calidad y sostenibilidad es una propuesta que contenta a todos y que, además, puede convivir de forma eficaz y eficiente con la renovación que necesitan también muchos establecimientos de la isla de Gran Canaria. .
Además estiman que se podría cerrar un conflicto "que lo único que ha añadido es incertidumbre entre el sector y los inversores, sobre todo después de que el Estado presentara el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley".
Los dos parlamentarios piden la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad todo en lo que se refiere a la suspensión invocada que en estos momentos impide la construcción de hoteles no autorizados como consecuencia de los incentivos a la rehabilitación turística, como los de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo", añaden.
Insisten en la importancia de que se evalúe en junio el impacto realizado por la ley en su primer año de vigencia, para que los grupos políticos representados en la Cámara analicen el informe y propongan al Gobierno las modificaciones que se consideren necesarias para mejorar en la ley.
Los dos diputados por Gran Canaria esperan que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, dado que atiende lo pedido por el sector y supone una solución a un conflicto que "no se soluciona con recursos de inconstitucionalidad".