El presidente de la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria, Marcelino Díaz, se sumó ayer a las críticas al Ejecutivo canario, por pretender dar acceso a más datos clínicos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, y dijo que tienen la sensación de que "no se fían" de su trabajo.

Díaz, que preside la asociación que agrupa a la mayoría de inspectores médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y de la Consejería de Sanidad, aseguró que "no encuentran justificación" al hecho de que en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se haya constituido una inspección médica, dependiente y adscrita a la Inspección General de Servicios, con un objetivo único: "tratar de controlar el absentismo laboral" de los empleados públicos.

El presidente del colectivo de inspectores médicos justificó el rechazo a que la inspección se externalice, por dos razones. Por un lado, porque las competencias deben estar residenciadas en la Consejería de Sanidad, y, por otro, porque para la fiscalización del absentismo laboral de los trabajadores públicos existen ya suficientes controles (médicos de Atención Primaria, inspectores médicos del SCS y médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

"Apartar del circuito a todos los empleados públicos para que, dependiendo de un órgano ajeno al sistema sanitario, como es la Consejería de Presidencia, intenten efectuar controles puede dar la sensación de que no se fían del trabajo que realizan los facultativos de primaria, los inspectores del SCS y los médicos del INSS", indicó Marcelino Díaz.

En este sentido, recordó el presidente de la Asociación de Inspección y Administración que ya en 2010, cuando se fijó la creación de una comisión evaluadora por parte de la Consejería de Presidencia, plantearon una demanda contencioso-administrativa, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Como también se dirigió, para mostrar su oposición, a los grupos parlamentarios, y a las consejerías implicadas, en junio de 2012, cuanto se planteó el acceso a los datos clínicos de los empleados públicos en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.

"No tuvieron en cuenta nuestra reivindicación, y a fecha de hoy se continúa ampliando la posibilidad de acceso a otro tipo de datos clínicos de empleados públicos sin ningún tipo de límites", añadió Marcelino Díaz.