El Ejecutivo regional pretende dar un "acelerón" a las iniciativas normativas que le quedan pendientes, a poco más de un año para que finalice la legislatura, y para ello ha decidido simplificar el proceso de elaboración y tramitación.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer un decreto, el primero de estas características, en el que se le atribuye al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, la dispensa de las obligaciones internas fijadas hasta ahora por otro decreto -20/202- para elaborar y tramitar las leyes.
Según explicó el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, el decreto permite al presidente "sustituir" la conocida como "lista de evaluación" por una memoria análoga a la prevista en el decreto de 2012.
Es decir, que esa lista de evaluación, que requiere la contestación a un cuestionario "bastante denso" sobre la oportunidad, necesidad y leyes a las que afecta la norma en cuestión, entre otros aspectos, se aligera.
¿Significa esto que el Gobierno se salta algún procedimiento? Fernando Ríos aseguró ayer que no. "Es verdad que la lista de evaluación sirve para asegurar la calidad de las normas", reconoció, pero esta aligeración "no la pone en peligro, sino que aligera la carga de los departamentos que van a poner en marcha todas esas iniciativas", añade.
Al respecto, precisó que "eso pasa después múltiples filtros". "Es una cuestión puramente interna", que se hace para "acortar" los tiempos en el inicio de la iniciativa legislativa, apuntó. "Se aligera qué cosas se cuestionan o se preguntan para que el trámite sea un poco más rápido", matizó.
En este sentido, y según fija el decreto publicado ayer, la lista de evaluación, o la memoria análoga, podrá presentarse de forma simultánea con el texto articulado. Además, establece que las posibles "objeciones competenciales" que puedan formular los departamentos "carecerán" de efectos suspensivos, debiendo plantearse y resolverse en las correspondientes deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Sobre este asunto, fuentes del PP consideraron el decreto como "un intento inútil" de cumplir las promesas legislativas antes de que acabe el mandato.