El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha afirmado este miércoles que toda la tramitación del estudio de impacto ambiental de los sondeos proyectados frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote se ha realizado con "criterios opuestos" al principio de participación pública y transparencia.
En comparecencia parlamentaria, Domingo Berriel indicó que el proyecto para realizar las prospecciones presenta "innumerables" cuestiones que "no han sido resueltas" y "carece de estudios rigurosos o documentación necesaria que, por sí mismo, invalidaría cualquier estudio de impacto ambiental".
Así, el consejero aseguró que entre la documentación aportada no figura el proyecto técnico que se quiere ejecutar en aguas canarias", una carencia que, dijo, "debería ser suficiente para detener todo el proceso".
Apuntó, además, que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias señalan "más de 19 ocasiones" en las que se dejan aspectos del proyecto "al albur" de lo que vaya sucediendo durante las prospecciones, con un grado de indefinición sobre los riesgos en las alternativas para atajarlos que consideró "del todo inadmisible".
El estudio de impacto ambiental, según Berriel, también deja en el "terreno de la incertidumbre" aspectos tan relevantes como la toxicidad y composición de los lodos a emplear para lubricar las perforaciones, los riesgos sísmicos derivados de las técnicas a emplear o las especies que se pueden ver afectadas por las explosiones, ruidos u ondas acústicas.
Al mismo tiempo, detalló que la evaluación de impacto ambiental no entra en el análisis de posibles vertidos, sino que recurre a una descripción de las características del archipiélago empleando estudios no específicos, sino otros realizados en aguas de Noruega, Golfo de México u otras latitudes donde la composición físico-química del agua es diferente a la de Canarias.
"DE FORMA ARBITRARIA"
El responsable autonómico apuntó, además, que el estudio pondera "de forma arbitraria" la valoración definida de los impactos que producirán las prospecciones, llegando a valoraciones "injustificadas", y deja fuera del estudio riesgos tan determinantes como la potencial afección a las costas o los ecosistemas naturales, e incluso los efectos sobre la desalinización.
Domingo Berriel lamentó que pese a la trascendencia y la contestación pública, el evaluador no se haya planteado realizar una análisis social de la aceptación o rechazo que provoca este proyecto sobre la población de las Islas Canarias.
Desde su punto de vista, "el Gobierno central debe comprender que el mayor test para conocer el grado de aceptación o repulsa de cualquier iniciativa es la consulta popular", un referéndum que, recordó, "Canarias ha solicitado por cauces oficiales y que debe ser respondido a través de los mismos cauces y con el debido respeto institucional y no en los medios de comunicación".
Al mismo tiempo, afirmó que la competencia que tiene el Gobierno del Estado para autorizar las prospecciones "no puede ser equiparable a una licencia contra la democracia o igual a un decretazo".
"Estamos en un estado de las autonomías donde tiene que haber un respeto entre todas las instituciones y, por tanto, no es de recibo que de espaldas a una comunidad autónoma se autoricen unas prospecciones dando ocho días para presentar unas alegaciones a un documento que desconoce", criticó.
En su opinión, para poder llegar a un acuerdo debe haber un espacio de diálogo y de consenso, pero "aquí no ha habido nada de eso ni lo va a haber", lamentó.
"TERRIBLE"
La diputada Claudina Morales (CC) consideró "terrible" que lo que ha pasado con este expediente, pues se presentó en "pleno verano" y todavía no se ha contestado a las "miles de alegaciones" que se han presentado.
"Aquí parece que hay un triangulo de las Bermudas donde la información se la tragan y no dejan que la vean. No se sabe cómo está el expediente", criticó.
El diputado popular Manuel Fernández aseguró que "no han demostrado nada en cuanto a los riesgos de las prospecciones", y aseguró que en España "sólo están en contra aquellas comunidades que no han encontrado petróleo. "Si encontramos petróleo en Canarias, nadie protestará", afirmó.
Es más, indicó que en todo este proceso el Gobierno de España ha tenido "más transparencia" que la que ha tenido el Ejecutivo canario con el PP. "¿A qué juegan ustedes?", cuestionó.
Por parte del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC) consideró que en todo este proceso "se han perdido las formas" y reiteró, su oposición "clara" a la decisión "unilateral" de autorizar las prospecciones porque compromete el interés de los canarios.
Por último, el diputado Manuel Fajardo Palarea, del PSC-PSOE, dijo no querer gobiernos "tramposos" que autoricen prospecciones "sin estudios de impacto ambiental" y que "ocultan información entre ministerios". "Necesitamos gobiernos que respeten la voluntad de los ciudadanos", subrayó.