El Partido Popular de Fuerteventura ha exigido hoy que se entreguen las viviendas de protección oficial de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, y ha denunciado que estas "continúan estando cerradas" seis años después de comenzar a construirse en 2008.
Los populares, en un comunicado, han explicado que se trata de 40 viviendas de protección oficial enmarcadas en del programa Promoción Publica en Alquiler del Plan Canario de Vivienda 2005-2008, en el que se ha invertido un total de 2,54 millones de euros.
El pasado mes de enero, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias anunció que se había publicado el listado provisional de demandantes admitidos y excluidos.
Sin embargo, la presidenta del PP en la isla, Águeda Montelongo, ha explicado que "tres meses después, las familias siguen esperando a que se celebre el sorteo" y "pagando alquileres que no pueden permitirse mientras estas viviendas están cerradas".
En concreto, se han establecido 25 viviendas para el cupo general; seis viviendas para familias reducidas, una para jóvenes; tres para víctimas de violencia machista, una para mayores; dos para personas con movilidad reducida sin necesidad de silla de rueda y una para personas con movilidad reducida con necesidad de silla de ruedas. Una última vivienda será tutelada por el Ayuntamiento.
En respuesta por escrito a una pregunta presentada por la diputada popular Águeda Montelongo, la Consejería de Vivienda responde que, en total, en Fuerteventura existen 134 personas que han demandado vivienda.
La diputada solicitó el viernes la comparecencia de la consejera de Vivienda, Inés Rojas (CC), en el Parlamento para que "explique por qué se ha retrasado tanto la entrega de estas casas que ya están finalizadas".
La presidenta de los populares majoreros ha denunciado que 134 familias majoreras "siguen sin obtener respuesta por parte del Gobierno de Canarias".
Para Montelongo, la gestión de la Consejería de Inés Rojas en Fuerteventura es "inexistente" y solo cuando llega la campaña electoral "se prometen viviendas sociales pero, seis años después, las familias siguen esperando la llave que les permita entrar a sus casas".