El Gobierno canario aprobó ayer remitir al Parlamento la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, una norma que, entre otras cuestiones, simplifica los trámites para elaborar los controvertidos planes generales de ordenación, tanto insulares como municipales, con el objeto de que estén finalizados en una legislatura.

Es decir, que el nuevo texto legal "refunde" en una sola actuación las tres fases de aprobación que, hasta ahora, se requieren en estos documentos -avance, aprobación inicial y aprobación provisional-, y, al mismo tiempo, carga más responsabilidad en los equipos redactores.

"El objetivo es no tener que repetir informes. Si todos somos responsables es innecesario que lo que haga un profesional o un equipo solvente sea revisado de nuevo", indicó el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La norma "trata de dar una hoja de ruta disciplinada, desde el primer día hasta el último que se realiza el planeamiento, esto es, que no se pueda volver atrás con lo que se ha resuelto", explicó el consejero, quien, no obstante, advirtió de que tampoco será "apretar un botón" y tener una planeamiento "al día siguiente".

Se trata de una norma técnica que el propio consejero reconoció que es "bastante compleja" y cuya tramitación parlamentaria será "tensa". "No es una norma para una sola legislatura", enfatizó.

El texto llega a la Cámara tras haber sido introducidas las correcciones propuestas por más de 50 departamentos, instituciones públicas y personas físicas, además de con el consenso de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), una de las entidades más afectadas por los cambios que introduce. "Se discutió mucho con ella, pero al final se llegó a un consenso", indicó el consejero regional.

Berriel aseguró que es un proyecto de ley que se hace desde la condición "irrenunciable" de proteger el territorio, y tiene por objeto "sentar las bases" para el desarrollo de una política de simplificación que permita "una mayor rapidez" en la toma de decisiones.

En este sentido, defendió que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) seguirá teniendo la obligación de revisar que todos los documentos "cumplan con la legalidad", aunque reconoció que la ley precisará "mejor" su función, evitando pronunciamientos sobre el modelo territorial. Es decir, que se limitará a la supervisión del cumplimiento de las estrategias en los planes supramunicipales y suprainsulares, dijo.

La nueva ley, añadió Berriel, también precisa qué cosas debe y no debe hacer un plan insular y uno municipal. "Porque ahora hay una línea confusa", matizó.