Hasta hace unos años, la falta de políticas de vivienda, el escaso desarrollo del ordenamiento urbanístico y las prácticas clientelistas favorecían la impunidad de quienes decidían ejecutar obras sin tener en cuenta las normas vigentes ni solicitar la correspondiente licencia. Pero ya no. La extensión de una cultura cívica en esta materia y el “miedo”, tanto de administraciones como de ciudadanos, a verse ante la Justicia han contribuido a frenar este fenómeno.
Así opinan los invitados al debate de EL DÍA –el secretario regional de Políticas Municipales del PSC-PSOE, Gustavo Matos; el concejal de Urbanismo del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (Partido Popular); y la diputada del grupo nacionalista canario Flora Marrero (CC)–, quienes, de esta manera, rebaten algunas de las conclusiones del último informe anual del Diputado del Común, cuyas denuncias sobre el “amparo” que las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, conceden a los infractores a causa de su “tardía y torpe” actuación llaman la atención por su contundencia. Lea el texto íntegro del debate en la edición de EL DÍA del 20 de abril de 2014.