Los grupos nacionalista y socialista en el Parlamento de Canarias se mostraron ayer dispuestos a negociar cambios en la Ley de Renovación y Modernización Turística, una vez que el Gobierno regional presente en la Cámara en junio una evaluación del primer año de vigencia de esta norma.

Esta posición abierta a la negociación fue reiterada en el pleno del Parlamento por los diputados Emilio Mayoral (PSOE) y María del Mar Julios (CC), mientras que los grupos popular y mixto se mostraron escépticos e instaron al Ejecutivo a rectificar ya la ley.

La oposición defiende que se respeten las competencias insulares en el ordenamiento turístico y que puedan construirse nuevos hoteles de cuatro estrellas en suelos calificados, como reclama el Cabildo de Gran Canaria y la patronal hotelera de esa isla.

"Si fueran necesarias modificaciones, estamos dispuestos a negociar con los demás grupos políticos y con los empresarios los problemas para la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas", ofreció Emilio Mayoral, aunque luego advirtió de que no se pueden adelantar acontecimientos y hay que esperar a conocer el contenido de la evaluación que hace el Gobierno de la aplicación de la ley, aprobada en mayo de 2013.

El diputado del PSOE instó a todos a "bajar los mástiles de las banderas porque podemos hacernos daño con los palos", y subrayó que el Gobierno de España debe retirar su recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

María del Mar Julios también se mostró abierta a buscar soluciones una vez que se conozca la evaluación, ante "la necesidad puesta de manifiesto por el sector turístico de Gran Canaria" de edificar nuevas instalaciones para impedir que la Isla pierda competitividad. "Entre todos, con una visión amplia y no inmovilista, veamos los cambios que hay que hacer y retomemos el consenso", insistió.

Estas posiciones de los grupos que apoyan al Gobierno para negociar cambios en la ley se produjeron durante una proposición no de ley que defendieron sobre este asunto y que fue apoyada por el Pleno con la oposición de los grupos popular y mixto.

La iniciativa insta al Gobierno a presentar la evaluación de la ley en junio y a retomar "el camino de las negociaciones" para buscar una solución basada en que las autorizaciones previas se hagan con criterios de calidad y sostenibilidad.

El diputado del PP Miguel Jorge Blanco pidió a CC y PSOE que rectifiquen una ley "que perjudica claramente a Gran Canaria", en lugar de plantear una proposición no de ley que "ensombrece aún más el panorama, aumenta la inseguridad jurídica y deja a los operadores a los pies de los caballos", dijo Jorge, que defendió sin éxito una enmienda para que se puedan construir hoteles de acuerdo al modelo previsto en cada isla.

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, descalificó de antemano el informe gubernamental, porque "dirá que todo va bien, y eso no se lo cree nadie" y defendió, asimismo sin éxito, una enmienda para incluir limitaciones cuantitativas, cualitativas y temporales al crecimiento de nuevos alojamientos basadas en razones medioambientales.