El Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria (RTVC), órgano encargado de fiscalizar y controlar la actuación del director general del ente público, se encuentra en una situación de bloqueo y no se vislumbra salida. La sesión prevista para el pasado martes tuvo que suspenderse después de que los consejeros del Partido Popular y Nueva Canarias rechazaran aprobar su orden del día por entender que la legalidad de los acuerdos del Consejo está en entredicho.

La decisión de los dos representantes de la oposición se basa en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que discute el procedimiento habitual de adoptar algunas decisiones que precisan de mayoría absoluta con menos de la mitad del número legal de miembros del órgano colegiado.

La sentencia, dictada en febrero, ha sido parcialmente avalada por un informe jurídico solicitado por el propio director general de RTVC, Guillermo García. Pese a discrepar de ese aspecto del fallo judicial, el dictamen aconseja seguir un criterio de "prudencia" y mantener que los componentes del Consejo son, legalmente, nueve, y no los siete que actualmente lo integran.

El TSJC anulaba así, tras un recurso interpuesto por los sindicatos CSI-F y UPCC, una decisión anterior de un juzgado tinerfeño que consideraba correcta la aprobación del plan de actividades de RTVC para 2012, que había salido adelante con cuatro votos a favor y tres en contra, el mismo procedimiento que se siguió con el del año siguiente. Se da la circunstancia de que en la sesión del pasado martes se esperaba aprobar el plan de 2014, así como el seguimiento informativo de la campaña de las elecciones europeas.

Asimismo, el informe establece que el órgano no puede proceder como lo hizo en su anterior reunión, cuando dos consejeros de Coalición Canaria -José Manuel Bermúdez y Marcos Brito- delegaron su voto en García. Lo hicieron, además, cuando el Consejo de Administración decidía si asumía la reprobación del Parlamento regional al director general por su actitud hacia la diputada del PP Águeda Montelongo en una comisión de control a García.

"No nos pueden pedir que continuemos ni un minuto más en esta situación, funcionando en claves antes irregulares y ahora ilegales", expuso ayer el consejero de Nueva Canarias, Miguel Guerra, quien advirtió de que el Parlamento regional debe resolver este bloqueo y apuntó a la actitud del PSOE, que no participa en el Consejo pese a formar parte del Gobierno, con lo que impide que el órgano alcance el número legal de miembros que deben integrarlo.