CCOO Canarias anuncia en una nota de que se ha dirigido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y a la Inspección de trabajo y de la seguridad social para denunciar el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de riesgos laborales por parte de este órgano administrativo, por la falta de evaluación de riesgos existente en los más de 850 centros de titularidad pública que tiene el archipiélago.

La Federación de enseñanza de CCOO Canarias ha expresado de forma reiterada las deficiencias de gran calado existentes en la prevención de riesgos laborales para el personal docente y no docente de la Consejería, que suma la cifra de 27.096 trabajadores/as (de ellos, 23.285 docentes, según la Consejería de Educación expone en su memoria de prevención de riesgos laborales del año 2012-2013), y más de 850 centros de enseñanza de titularidad y gestión públicas.

Entre las principales deficiencias existentes se encuentra la no realización de evaluación de riesgos laborales en más del 90% de los centros educativos públicos de Canarias, incumpliendo por ello de forma evidente el artículo 16 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

CCOO ha intentado, de forma infructuosa, promover la realización de las Evaluaciones iniciales de riesgos en los centros de trabajo, mediante propuestas de planificación a la Consejería de Educación, que priorizaran centros de trabajo o tipos de actividad en los que se aprecia un mayor número de riesgos, pero no ha podido obtener compromiso alguno de la administración educativa de realizar las citadas Evaluaciones iniciales.

CCOO denuncia que en la Consejería de Educación manifiesta existen en la actualidad únicamente 2 técnicos de prevención acreditados para el desempeño de las labores previstas en la Ley de prevención de riesgos laborales, para un colectivo de más de 25.000 trabajadores/as.

Ese número incumple de forma flagrante la ratio establecida en el Anexo I de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. Esta insuficiencia de medios ha sido denunciada por CCOO en las reuniones de los Comités insulares y sectorial de educación, y se ha solicitado una propuesta a la administración para el incremento de estos efectivos, sin que la Consejería de Educación no ha respondido a esta solicitud.

Por otro lado, el sindicato ha denunciado el incumplimiento de la regularidad de Convocatorias de los Órganos de prevención, y de las respuestas a las solicitudes reiteradas de CCOO de información sobre la política de prevención de riesgos laborales, incumpliendo lo que establece el artículo 33 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, que obliga a la consulta previa a los trabajadores, “con la debida antelación”, de las actividades de protección de la salud, procedimientos de información, etc.

CCOO ha reiterado a la Consejería de Educación la necesidad de cumplir con la Ley de Prevención de riesgos laborales, e insertar la política de prevención de riesgos laborales en los centros docentes.