El concurso mediante el que se adjudicó el servicio de transporte escolar hasta el año 2015 llegará a los tribunales de la mano de una empresa que entiende que existen “hasta 35 motivos” para anularlo y convocarlo de nuevo.
El pliego de condiciones incluía “cláusulas abusivas e inaceptables” que suponen para las empresas del sector cobrar precios que “no cubren los costes”, asegura Juan Dimas Sesto, representante legal de Transportes Mary SA, la entidad que ha decidido denunciar el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
EL DÍA amplía en su edición en papel del martes los detalles de la postura de los transportistas.