El concurso mediante el que se adjudicó el servicio de transporte escolar hasta el año 2015 llegará a los tribunales de la mano de una empresa que entiende que existen "hasta 35 motivos" para anularlo y convocarlo de nuevo.

El pliego de condiciones incluía "cláusulas abusivas e inaceptables" que suponen para las empresas del sector cobrar precios que "no cubren los costes", asegura Juan Dimas Sesto, representante legal de Transportes Mary SA, la entidad que ha decidido denunciar el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Las reducciones de precios superan el 50% en "muchísimas rutas", de modo que algunas de ellas se pagan a 20 euros al día, según el abogado de la empresa, quien sentencia que "nadie mueve una guagua por ese dinero".

Este no es el único aspecto del concurso que la firma de transporte critica. Entre otros, apunta a las propias adjudicaciones, que contienen "irregularidades asombrosas" y "favorecen a determinadas empresas", algunas de las cuales, señala Sesto, dejó de presentar parte de la documentación preceptiva o planteó "doble oferta económica".

La propia convocatoria ha sido objeto de recurso, en concreto su declaración de urgencia, puesto que se publicó "con nocturnidad y alevosía" -el 31 de diciembre de 2012- y con escasos días para la presentación de solicitudes.

Otro de los motivos es la participación de Titsa, a la que se adjudicaron doce rutas al presentar ofertas que, según el abogado, van más allá de la baja temeraria. Basándose en los cálculos que ha efectuado la propia Consejería de Educación, Sesto cifra en 200.000 euros las pérdidas que acarreará a la empresa pública cubrir estos trayectos, por los que percibirá solo "entre y un 44% y un 81% de sus costes". Esto, además de repercutir sobre los contribuyentes, impedirá al sector privado ganar más de 800.000 euros, añade.

La empresa interpuso recurso contencioso-administrativo a comienzos de 2013, pero la Administración no publicó el correspondiente anuncio en el BOC hasta ayer. En el próximo mes se presentará la demanda ante el TSJC, cuyo objetivo es la anulación del concurso y su nueva convocatoria, pero esta vez "bien y a precios de mercado".