Los colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife acusaron ayer al Gobierno de Canarias de poner las políticas de dependencia en manos de empresas privadas y de apartar a los trabajadores sociales de sus competencias en materia de dependencia y promoción de la autonomía personal.

Estos profesionales se refieren así a la reciente publicación de la orden para la derivación de personas que ocupen plazas hospitalarias, con alta médica y precisen de atención sociosanitaria, a través de conciertos con entidades privadas.

"Mientras personas que se encuentran en situación de dependencia en sus casas esperando por una plaza residencial seguirán haciéndolo durante meses y años, aquellos que por sus circunstancias requieran hospitalización podrán acceder a una residencia desde que obtengan su alta médica", argumentan los colegios, para los que esto supondría que "el dinero público vaya a parar a manos privadas de empresas del sector sanitario (residencias), lo que hace de la dependencia un pastel muy goloso para la iniciativa privada".

Este colectivo entiende que la Consejería de Política Social, apoyada por entidades y empresas del sector sanitario, "está reduciendo la importante y necesaria labor que realizan los trabajadores sociales en el campo de la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal", en los que está dando preferencia a los profesionales de la sanidad.

"Claro ejemplo de ello es el desplazamiento de los trabajadores sociales de la fase de valoración del grado de dependencia, la organización de jornadas en materia sociosanitaria donde los profesionales del Trabajo Social no solo no han sido tenidos en cuenta, sino que son criticados y cuestionados públicamente, o la progresiva asunción de competencias propias de la intervención social por profesionales sanitarios", afiman.

Los dos colegios de Trabajo Social abogan por promover el desarrollo de la autonomía personal y la atención a la dependencia desde la diversidad de disciplinas que son competentes en este campo, ya que "no es una enfermedad, sino una realidad social que afecta a todos las dimensiones del ser humano", opinan.