El instrumento ideado por la Consejería de Sanidad del Gobierno canario para que los inmigrantes sin tarjeta sanitaria no se quedasen sin acceso a la asistencia no parece dar los resultados que la Administración esperaba. Solo 146 personas han obtenido la tarjeta desde que el procedimiento se pusiera en marcha en verano del pasado año, y el número crece a un ritmo muy lento, puesto que en febrero se habían concedido 145, según informó entonces la consejera Brígida Mendoza en comisión parlamentaria.
Esas menos de 150 personas son un ínfimo porcentaje de las alrededor de 50.000 a las que se les retiró la tarjeta después la entrada en vigor del real decreto-ley del Gobierno central que restringía el acceso a la sanidad gratuita a las personas sin residencia legal en España.
Precisamente, el Ejecutivo regional publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la orden por la que desarrolla la normativa estatal para prestar asistencia sanitaria a las personas que no dispongan de cobertura del Sistema Nacional de Salud ni de seguro médico.
Así, quienes deseen disfrutar de las prestaciones sanitarias del sistema público deberán suscribir un convenio que les obliga a pagar una cuota mensual que, en el caso de los menores de 65 años, se fija en 60 euros y en el de los que superen esa edad, en 157. Estas cantidades se establecen en la normativa nacional y son las mismas que se pagarán en otras comunidades autónomas.
La orden no afecta únicamente a los ciudadanos extranjeros -los de países ajenos a la Unión Europea y los comunitarios que quieran ser atendidos por la sanidad española-, sino también a los rentistas cuyos ingresos superen los 100.000 euros, tal y como recoge el real decreto aprobado por el Gobierno central en julio de 2013.