El Gobierno regional no ha aclarado los costes de implantación y funcionamiento de la futura Agencia Tributaria Canaria, uno de sus proyectos estrella en esta legislatura, ni si este órgano supondrá un ahorro para las arcas de la Comunidad Autónoma. Así lo ha advertido el Consejo Consultivo en su dictamen sobre este proyecto de ley, al que no pone reparos en cuanto a su encaje en el ordenamiento jurídico, pero sí en lo relativo a su eficiencia.
La iniciativa legislativa del Ejecutivo canario se debatirá en el pleno del Parlamento que comienza hoy. El gabinete que preside Paulino Rivero podrá exhibir el dictamen favorable del Consultivo -cuya función principal es supervisar que los proyectos y proposiciones de ley se adecuen a la Constitución y al Estatuto de Autonomía-, aunque también deberá afrontar las críticas que generen las dudas del órgano acerca de su viabilidad y oportunidad.
El dictamen recoge que la Oficina Presupuestaria y la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Economía indican que "no se ha acreditado suficientemente la incidencia económica de la creación de la Agencia Tributaria Canaria, pues no ha quedado debidamente constatado el importe de los costes de instalación y funcionamiento ni el ahorro derivado de una supuesta superior eficiencia producto de un mayor rendimiento de utilidad de sus servicios".
Aunque la memoria sobre las previsiones de ingresos y gastos de instalación de la Agencia señalan un equilibrio inicial, éste "es puesto en duda por algunos de los informes obrantes en el expediente", ya que se crea "una serie de órganos ejecutivos y de asesoramiento que podrían suponer un mayor coste de gastos de personal".
Si, tal y como advierten esos informes, se incumplieran las previsiones, el Gobierno de Canarias infringiría su compromiso de no elevar el gasto público, en especial por el aumento de los costes del personal a causa de la nueva estructura administrativa derivada de la constitución de la Agencia Tributaria.
Otro de los reparos del Consejo Consultivo al proyecto de ley se refiere a un artículo que otorga al Ejecutivo la atribución de crear "órganos unipersonales para el desempeño de competencias ejecutivas" al margen de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia, que es "el reglamento que ha de regular la estructura orgánica" del ente.
Con la creación de la Agencia Tributaria Canaria -cuyos cometidos serán la gestión, liquidación, recaudación, inspección y potestad sancionadora de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, los cedidos por el Estado y los derivados del REF-, el Gobierno regional pretende dotar de mayor autonomía a la gestión de los recursos y de mayor agilidad y descentralización a la toma de decisiones.