La Policía Nacional detuvo a 72 personas e imputó a otras 546, algunas de ellas pendientes de localizar, por pertenecer a un grupo que convenía matrimonios para que extranjeros obtuvieran el permiso de residencia en España.

La red, que operaba en Valencia, organizaba los enlaces en toda España, con algunos casos en Canarias, por los que pagaban a mujeres españolas hasta 4.000 euros por casarse con nigerianos para regularizar su situación en España.

Los inmigrantes llegaban a pagar entre 6.000 y 10.000 euros a la banda por conseguirles el enlace matrimonial y la documentación necesaria para obtener la tarjeta de residencia por tener una pareja comunitaria.

La red se encargaba también de falsificar documentos emitidos por organismos oficiales de Nigeria y actas matrimoniales.

Para evitar levantar sospechas ante el Juzgado de Paz, el Registro Civil o la Iglesia correspondiente el día de la boda, los futuros cónyuges que no conocían la lengua española eran suplantados por compatriotas de características físicas similares que hablaban español.

A los arrestados se les imputan delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, falsedad documental y falso testimonio.