Canarias es una de las cuatro comunidades autónomas que han trasladado al ámbito judicial su oposición a la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), pero en esta lucha no ha encontrado el apoyo del Consejo Consultivo. El órgano encargado de velar por la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de las decisiones del Gobierno ha dictaminado que el Ejecutivo carece de "razones jurídico-constitucionales" que avalen el recurso a la polémica reforma del ministro José Ignacio Wert.
La ley contiene aspectos que, a juicio del Gobierno regional, invaden competencias autonómicas o infringen la Carta Magna. En cambio -y salvo en un punto muy concreto-, el Consultivo no comparte este parecer, por lo que no ha avalado el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), ya admitido a trámite.
El Gobierno canario interpreta que el Estado vulnera las atribuciones autonómicas al reservarse el diseño de las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato -las "reválidas"-, pero el Consejo Consultivo se remite a anteriores sentencias del TC para rechazar este punto de vista. La Constitución, precisa, "habilita al Estado tanto para el establecimiento de estas evaluaciones como para determinar su contenido".
Canarias alega, asimismo, que el Ministerio de Educación limita su capacidad de incorporar contenidos en las asignaturas específicas mediante el precepto con el que se atribuye la fijación de los "estándares de aprendizaje" de estas materias. Sin embargo, el Consultivo concluye que el Estado solo busca "asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional" de las asignaturas específicas.
El Consultivo tampoco aprecia invasión competencial en la fijación por parte del Ministerio de las condiciones generales que deben regir los procedimientos de admisión para Formación Profesional cuando la demanda supere a la oferta. El dictamen recoge que esta disposición "deja a salvo las competetencias de desarrollo autonómico para la regulación de los procedimientos de admisión al centro docente".
Otros motivos de inconstitucionalidad por vulneración de las competencias autonómicas que alega Canarias tienen que ver con la atribución al Estado de la normativa básica para los procedimientos de acceso a los grados universitarios -que la Lomce no impide desarrollar luego reglamentariamente a las comunidades, según el Consultivo- y para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación -cuya regulación no es tan detallada como para no dejar espacio a la de las administraciones regionales.
Entre los contenidos de la Lomce que a juicio del Gobierno infringen la Carta Magna figuran algunos de los más controvertidos de la norma. El Consejo aclara que la Constitución "no impone la enseñanza mixta o separada por sexo", sino que corresponde al legislador optar por una u otra. Por ello, descarta que la suscripción de conciertos con centros privados que separen a los alumnos por sexos constituya un acto de "discriminación", como opina el Ejecutivo.
La pérdida de peso de los consejos escolares de los centros tampoco contradice la Constitución, según el dictamen, que también considera que es el legislador quien debe decidir el papel de estos organismos: ejecutivos, como hasta ahora, o consultivos, como contempla la ley.
La regulación de la enseñanza religiosa no incurre en inconstitucionalidad, aduce el Consejo, entre otras cosas porque quienes cursen esta asignatura también podrán estudiar su alternativa -Valores Sociales y Cívicos o Valores Éticos-, y no se les impide acceder a sus contenidos.
El riesgo de segregación que representa el diseño de los itinerarios formativos no existe, según el Consultivo. "En ninguno de los apartados de la ley se recogen criterios familiares o sociales de los alumnos para determinar que sigan uno u otro currículo", constata el órgano, que admite, en cambio, que sí se tienen en cuenta los de carácter personal. Pero esto, añade, "no constituye una discriminación, sino todo lo contrario", porque se dirige a superar la desigualdad académica que causan esas condiciones personales.
En cambio, el Consejo Consultivo coincide con el Gobierno en que el Estado no puede incluir en los programas de mejora del aprendizaje en ESO materias distintas de las previstas en la Ley Orgánica de Educación.