El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Roberto Moreno, afirmó ayer que la certificación impresa "resucitada" por el Ministerio de Fomento para que los residentes isleños puedan viajar ha repercutido directa y negativamente en sus bolsillos, con un coste que supera los 350.000 euros (según la métrica que utiliza el Ministerio de Hacienda para calcular este tipo de gastos en la administración).
A ello hay que sumar, precisó Moreno, el gasto de los ayuntamientos en adaptar sus sistemas de información para poder emitir de manera rápida y telemáticamente dichos certificados.
"La solicitud reiterada a la ciudadanía de información que ya obra en poder de la administración nos genera a todos un coste añadido, como en el caso del certificado de residencia para viajar", destacó Roberto Moreno durante su participación en un desayuno-coloquio celebrado en Las Palmas y organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
Moreno remarcó que los números demuestran. cuantitativamente, que la decisión de exigir de nuevo a los residentes los certificados impresos "ha sido una majadería administrativa propia de un mal gestor", y sostuvo que esta medida "ha ido en sentido contrario al que las administraciones públicas estamos obligadas a llevar en nuestra relación con la ciudadanía".
El certificado de residencia para viajar en avión y barco tiene un coste superior al que genera la solicitud del certificado de empadronamiento, que supone anualmente unos 330.000 euros, agregó Moreno, que hizo estas consideraciones durante su intervención en una mesa redonda, en la que habló de la administración electrónica y el intercambio de datos entre las administraciones para minimizar el impacto burocrático en la ciudadanía.
Moreno indicó que el reto tecnológico de todas las administraciones públicas se centra en hacer más inteligente el procesado de datos y la ingente cantidad de información que manejan.
"Somos custodios de un volumen ingente de información ciudadana multiplicada tantas veces como administraciones locales, regionales y estatales, y tenemos información que debemos interoperar entre todas las administraciones públicas para evitar multiplicidades inútiles y poco eficientes y de la que no se extrae toda la potencialidad", subrayó.