El viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas, aseguró ayer que el Gobierno de Canarias está estudiando la búsqueda de soluciones a la problemática de las viviendas vacacionales en las Islas, una explotación turística que, en estos momentos, es "ilegal".

Así lo indicó De la Puente en comisión parlamentaria, en la que reconoció que en la actualidad "no existe", dentro de la regulación de alojamientos turísticos de la comunidad autónoma, la tipología de vivienda vacacional y, por tanto, "no se dispone" de un registro de las mismas.

"Las viviendas o habitaciones que se alquilan por días o semanas para uso turístico, al margen de una regulación específica turística, constituyen una realidad que se ha visto incrementada estos últimos años con las nuevas facilidades de comercialización que internet ofrece, propiciando un auge considerable de este tipo de alojamiento a nivel global", dijo el viceconsejero.

De la Puente precisó que "la oferta actual de este tipo de alojamiento carece de cobertura legal en nuestra normativa turística produciendo situaciones de competencia desleal".

En este sentido, puso como ejemplo a la ciudad de Nueva York, que ha prohibido el alquiler de este tipo de viviendas para uso turístico.

Al respecto, el viceconsejero enumeró los perjuicios que podrían derivar de la continua proliferación de las viviendas turísticas y por qué esta oferta debe ser controlada.

"La realidad que encuentra el turista a su llegada no siempre coincide con lo ofertado", dijo De la Puente, quien también se refirió a la seguridad jurídica. "Al no estar regulada esta oferta y no depender de la administración correspondiente, el turista no puede reclamar, quedándoles sólo la vía judicial, más lenta y costosa", advirtió el responsable de Turismo.

El viceconsejero hizo mención también a razones de seguridad ciudadana, ya que estas viviendas no hacen rellenar ficha para la policía y, por tanto, sus inquilinos no están controlados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

E hizo hincapié en la normativa sectorial, pues, según recordó, estas viviendas no tienen obligación de cumplir las normas en materia de sanidad, seguridad contraincendios, piscinas, etc., al contrario que los establecimientos regulados.