La reclamación de los productores de tomate de que las administraciones abonen al sector los 40 millones que, aseguran, les deben no ha encontrado receptividad en el Gobierno canario, que defendió ayer, en una nota, que "en ningún caso se podría hablar de deuda de las administraciones" con este sector, aunque sí de compromisos que no fue posible satisfacer.
Alrededor de 3.000 personas, según los convocantes, respaldaron ayer la manifestación de los tomateros en Las Palmas de Gran Canaria. Labradores y trabajadoras del empaquetado de tomates, pero también familiares y ciudadanos anónimos, tomaron parte en la protesta.
La Plataforma por la Defensa del Tomate insistió en su repetida demanda de que los gobiernos central y canario abonen al sector los 40 millones que acumulan de deuda desde el año 2010 hasta el presente, y advirtió de que la protesta se llevará a las sedes de las instituciones si no se atienden sus peticiones.
El Gobierno autonómico ha rebatido esos cálculos en un comunicado y asegura que no existe tal deuda, porque las ayudas a las que los agricultores hacen referencia "nunca figuraron en los recortados presupuestos institucionales de los últimos años". No obstante, reconoce que la reducción de ingresos y la imposibilidad de que la Administración se endeude ha impedido cumplir los compromisos.