El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha señalado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que rechaza el recurso del Gobierno de Canarias contra la moción de censura que desbancó a la AHI de la presidencia insular, ratifica "lo que estaba claro desde un principio, que la moción de censura era totalmente legal".
El TSJC ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de canarias a una anterior sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en la que se alegaba que la Comunidad Autónoma no estaba legitimada para impugnar la moción de censura ya que se trata de una competencia estatal.
Esta sentencia, contra la que no cabe recurso, impone a la Comunidad Autónoma de Canarias las costas judiciales del proceso y, según recuerda el presidente insular, es el tercer pronunciamiento judicial que avala la moción de censura, presentada por PP y PSOE contra el gobierno de las AHI y que fue aprobada por el pleno del Cabildo de El Hierro el 10 septiembre de 2011.
"Belén Allende (portavoz de AHI y expresidenta del Cabildo insular) no tenía razón cuando decía que volvería en tres meses" ha dicho Alpidio, que ha considerado "impresentable" que el Gobierno de Canarias haya antepuesto los intereses de una formación política (AHI-CC) a los de todos los canarios con el destino de recursos humanos y económicos "que están para trabajar por todos, a defender intereses particulares".
La primera de las sentencias fue la que se falló sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la expresidenta insular Belén Allende días después de la moción de censura ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Santa Cruz de Tenerife.
En ese recurso se fundamentaba en la expulsión de tres de los consejeros del Partido Socialista (PSOE), recurso que fue rechazado el 14 de diciembre de 2012.
Paralelamente el Gobierno de Canarias recurrió la moción de censura ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, recurso que también fue rechazado por el Juzgado alegando la falta de legitimidad de la Comunidad Autónoma para recurrir por lo que ésta decidió recurrir la citada sentencia ante el máximo tribunal canario