La madre de dos menores que no fueron inscritos en el Registro Civil al nacer, ni vacunados ni escolarizados hasta los 9 y 12 años, afirmó ayer ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que temía que se los quitaran los servicios sociales.

La progenitora, acusada de un delito de abandono de familia, al igual que su padre y otros tres familiares que ejercieron como cuidadores de los menores, un niño y una niña, señaló además que su condición de toxicómana de entonces, así como la carencia de medios económicos, le impidieron ocuparse de sus hijos.

M.A.Q. dijo que los servicios sociales le retiraron a otros tres hijos suyos y no quería que a estos dos les ocurriera lo mismo.

El fiscal solicita una pena de 3 años de prisión para ella y para el progenitor, Y.C.C., por un delito de abandono de familia; dos años de cárcel para el abuelo, P.C.G., quien dijo que se hizo cargo del niño a los cuatro días de su nacimiento; la misma pena para una prima del padre que se encargó de la niña durante cerca de ocho años, D.C.H., y para una hermana del progenitor, A.C.C., aunque en su caso pide su ingreso en un centro psiquiátrico, dado que sufre una enfermedad mental.

Los tres letrados de los acusados solicitaron la absolución de los cinco procesados, por no existir en ningún caso intención de perjudicar a los menores. En el caso de la enferma mental, argumentaron que concurre una eximente completa, como se constata en uno de los informes periciales presentados. El abogado defensor José Mario López sostuvo que los hechos que se juzgan solo constituyen un "ilícito civil", porque considera que en lo único en lo que incurrieron es en irregularidades de tipo administrativo.

El fiscal Álvaro Navarro manifestó que comprende las circunstancias vitales de los cinco acusados y cree que sus intenciones para con los niños eran buenas, como así lo declararon ante el tribunal, pero señaló que entendía que antepusieron sus deseos al beneficio de los niños, a los que causaron un grave daño.

Indicó que los niños ingresaron en un centro de acogida inmediata con 9 y 12 años sin saber leer ni escribir, a raíz de que una persona ajena a la familia denunciara los hechos en 2011 en Fuerteventura.