El Gobierno de Canarias aprobará mañana el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales, y lo hará con una modificación parcial del controvertido artículo 36, que variaba las condiciones de acceso al historial clínico de los empleados públicos por parte de los inspectores médicos del Ejecutivo.

Así lo avanzaron ayer tanto fuentes sindicales que habían denunciado el asunto, como de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que dirige Francisco Hernández Spínola.

Desde el departamento regional precisaron que el cambio en el mencionado artículo 36 se produce a pesar de contar con el respaldo jurídico del Consejo Consultivo de Canarias, que en su informe sobre el anteproyecto de ley no hace referencia alguna al polémico punto.

"Se ha revisado la redacción en aras de favorecer la confianza de los empleados públicos de la comunidad autónoma en sus gestores públicos, como muestra de sensibilidad y escucha a las posiciones que trasladan los trabajadores al Gobierno de Canarias, y, especialmente, para evitar cualquier margen a la confusión sobre la intención real del Ejecutivo respecto a esta medida", explicaron las fuentes de la Consejería de Presidencia.

La nueva propuesta, que Hernández Spínola adelantó verbalmente en la mañana de ayer a los sindicatos y que podría sufrir todavía alguna modificación puntual, especifica que "los inspectores médicos y las comisiones que se creen reglamentariamente dispondrán de toda la información médica necesaria, adecuada y pertinente, para valorar el proceso de enfermedad, teniendo acceso a los ficheros automatizados de datos de gestión y control de las situaciones de incapacidad temporal e invalidez de la Consejería competente en materia de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud, respecto a todo el personal, sin necesidad del consentimiento expreso del interesado".

Es decir, que se elimina cualquier referencia al historial clínico, que era el elemento que suscitaba desconfianza e inseguridad entre los empleados públicos.

Las fuentes sindicales consultadas ayer reconocieron que el paso dado por la Consejería de Presidencia es "un primer paso", aunque remarcaron que siguen "en contra" de que exista una inspección médica diferenciada, la Inspección General de Servicios. Entienden estas fuentes que la inspección debería estar adscrita a la administración sanitaria, esto es, al Servicio Canario de Salud.