El Gobierno de Canarias ha garantizado "categóricamente" que el anteproyecto de ley de medidas tributarias administrativas y sociales no incluye un incremento del impuesto sobre el gasóleo profesional a los transportistas y agricultores de las islas

Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado dicho anteproyecto para su remisión al Parlamento, a raíz de que la Federación de Empresarios de Transportes (FET) alertaba ayer de que el Ejecutivo se proponía elevar dicho impuesto un 55%.

Martín Marrero ha aclarado que se ha producido una confusión en un párrafo de uno de los artículos del anteproyecto que podría inducir a una interpretación errónea, por lo que en el texto que se ha remitido a la Cámara legislativa se ha suprimido dicho párrafo.

En cuanto a la iniciativa, el portavoz del Gobierno explicó que recoge una serie de cambios legislativos que afectan a diversas áreas como las de hacienda; agricultura, ganadería y alimentación; política territorial, obras públicas y transportes; educación; asociaciones y juventud; políticas de igualdad, y personal público, entre otras.

En materia de hacienda se centralizan los pagos de la Comunidad Autónoma en la Dirección General del Tesoro como medida para reducir los periodos medios de abono a los proveedores. Además, se endurece el régimen sancionador para las infraestructuras tributarias cometidas en el impuesto sobre el tabaco y se reestructuran los órganos económico-administrativos para simplificar su organización y mejorar su funcionamiento.

También destaca la modificación de la Ley sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario con la finalidad de agilizar la tramitación de las becas universitarias y acortar el tiempo que transcurre entre la solicitud por parte de los alumnos y su definitivo abono.

De otro lado, se acometen medidas urgentes para la racionalización del sistema estadístico de canarias, desarrollado a través del ISTAC, que repercutirán en la reducción del gasto público y en una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios.

También ha estimado una modificación en el régimen sancionador en el transporte por carretera cuyo propósito es rebajar las cuantías de las sanciones ante las dificultades por las que atraviesa el sector.

La nueva norma incorpora disposiciones en materia de función pública con el objeto de reducir cargas burocráticas y agilizar los procesos de planificación y distribución de recursos humanos.

En este mismo apartado, Martín Marrero anunció que finalmente se ha suprimido "por no considerarse necesario" el acceso a la historia clínica de los empleados públicos, aunque los inspectores, para poder seguir desarrollando su labor, podrán seguir accediendo a aquellos ficheros que tengan que ver con la incapacidad temporal o con la invalidez.

Asimismo, se modifica la ley canaria de igualdad para incorporar la perspectiva de género en las políticas y acciones de la administración, y en agricultura se incluyen reformas en el procedimiento de autorización y registro de las explotaciones ganaderas y en la gestión de los consejos reguladores de los quesos majoreros y palmeros.