IU de Canarias demandará en la UE la paralización de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas al archipiélago, porque considera que incumplen la normativa medioambiental europea en varios aspectos, ha indicado hoy el coordinador de esa formación en Gran Canaria, Germán Santana.
Para ello, ha pedido la convocatoria de urgencia de la Comisión de Peticiones Europeas para que la UE, ahora que el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido su informe favorable, para pueda pronunciarse sobre sus riesgos medioambientales y paralizarlas.
Santana ha asegurado que las prospecciones petrolíferas incumplen varias directivas medioambientales europeas y la UE, en su momento, le dijo a España que estaba a la espera del dictamen del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que ahora ya podría actuar.
IUC considera necesario "una internacionalización del conflicto" para que tanto la UE como Estados Unidos y otros países se pronuncien sobre una decisión que podría afectar negativamente a las costas de Canarias.
A su juicio, las prospecciones deberían paralizarse en todas las costas españolas, no solo en las del archipiélago, y la campaña de protesta debe coordinarse en las distintas comunidades autónomas afectadas, pues si la protesta se centraliza en Canarias, su impacto será únicamente local.
"El PP debe saber que esta decisión a favor de las prospecciones tendrá un coste" en próximas elecciones y los ciudadanos dejarán de votarles, según Santana, quien ha indicado que "se está jugando con el futuro de las generaciones próximas".
IUC considera que el Gobierno debería convocar un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien al respecto y opina que no debería temer la consulta, ya que, a su juicio, no hay ninguna razón que las impida.
Según Santana, el Gobierno se ha comportado "como una sucursal" de Repsol y no ha tenido en cuenta las graves consecuencias que las prospecciones pueden tener tanto para el medioambiente como para la economía de Canarias.
Además de solicitar que la UE paralice las prospecciones, IUC promoverá diversas concentraciones en el archipiélago para que los ciudadanos continúen mostrando su oposición.
Santana ha denunciado que los beneficios económicos recaerían únicamente sobre Repsol, mientras que la sociedad canaria asume los riesgos, ya que, a su juicio, no existen planes de seguridad que minimicen un posible derrame.