El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, reconoció ayer en el Parlamento que el Ejecutivo no tiene competencias en aguas exteriores, por lo que no puede actuar directamente para perseguir la pesca ilegal.
La intervención del político palmero estuvo motivada por una pregunta de la diputada Cristina Tavío, del Partido Popular, que se interesó por la pesca ilegal en Valle Gran Rey, en La Gomera. A propósito, Hernández Gómez dijo que el litoral de la Isla Colombina "comprende únicamente aguas exteriores, siendo por tanto competencia exclusiva de la Administración General del Estado la vigilancia de la actividad pesquera profesional y recreativa en esas aguas", además de "la inspección de las descargas de pescado sobre los muelles insulares y la inspección de las artes de pesca que se emplean a bordo de las embarcaciones que tienen como base oficial los puertos de la islas, entre ellos el de Valle Gran Rey".
El consejero informó de que las medidas que su departamento aplica respecto de la actividad pesquera y artes de pesca en el litoral de La Gomera "son de colaboración con las autoridades estatales competentes en la materia", apoyando a las mismas en todas aquellas actividades que tengan por finalidad el ejercicio reglamentario de la pesca, "con especial atención a las actuaciones dirigidas a evitar las prácticas que se realicen a través del furtivismo e intrusismo en las aguas del litoral de la isla".
Por el contrario, Hernández informó de que en el marco de las competencias en el ámbito de comercialización, los agentes de Inspección Pesquera de Canarias "han desarrollado actuaciones de inspección de las actividades del punto de primera venta situado en el puerto de Valle Gran Rey, así como en establecimientos de comercialización de pescado de La Gomera", actuando de este modo "contra la posible comercialización de pescado ilegal". A propósito, señaló que se han realizado un total de 85 visitas a establecimientos dedicados a la comercialización de pescado de La Gomera desde el 2011 hasta la actualidad, siendo levantadas 19 actas de denuncia.
Señalar que Canarias, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. Ello supone que el Gobierno de España es el responsable de controlar las infracciones en el 99,4% de las aguas canarias.