Inconstitucional, inviable económicamente y desigual, por hacer solo referencia a entidades bancarias, fueron algunos de los aspectos que el grupo popular destacó ayer en comisión parlamentaria para rechazar el proyecto de ley que reforma la Ley de Vivienda de Canarias. Pese a esto, la modificación fue aprobada con los votos del CC, PSOE y grupo mixto.
El diputado popular Felipe Afonso El Jaber destacó los informes del Consejo Consultivo y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto autonómico que ponen reparos a la norma. De ahí que su grupo parlamentario hubiese presentado diversas enmiendas, con el objetivo de que sea una "ley legal y exigible por los ciudadanos ante los tribunales". Además, destacó la desigualdad que plantea, al abrir la posibilidad de acuerdos solo con las entidades bancarias, dejando de lado a los empresarios y pymes. Estas enmiendas fueron rechazadas.
Por su parte, el diputado del grupo mixto, Román Rodríguez, defendió un total de 18 enmiendas que formaban parte de un "plan B" ante la posibilidad de que se recurra la norma ante el Tribunal Constitucional. Rodríguez propuso que los inmuebles sean entregados en función de la necesidad, no por procesos administrativos que se dilatan en el tiempo; que se incluyan medidas facilitadoras de orden fiscal y legal; rehabilitar las viviendas antiguas; operar un programa de ayudas para las personas que son desahuciadas por el impago de alquileres, que fueron "la mitad" de los afectados por lanzamientos el año pasado, y que el Gobierno canario no solo actúe como mediador entre deudores y bancos, sino también inquilinos y arrendatarios entre los que exista este problema, entre otras.
Tanto CC como PSOE abrieron la posibilidad de buscar fórmulas transaccionales de las propuestas del diputado del Grupo Mixto que se podrían incluir en el debate en pleno parlamentario.
Por su parte, la diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez destacó la necesidad de esta norma, que evita los desahucios y que fue pedida tanto "por los grupos parlamentarios como por plataformas sociales".
En este sentido, el nacionalista José Miguel Ruano aseguró que el grupo de gobierno se ha esforzado en sus enmiendas para reforzar la legalidad del proyecto de ley durante el trámite parlamentario y que la norma cumple con dos objetivos: "modificar la norma de 2003", para adaptarla a la situación actual, y "establecer medidas en materia social".