Los seis Ayuntamientos gomeros muestran su sorpresa por la ‘prisa’ del Cabildo en ser el primero en querer aplicar la ‘recurrida’ Ley de Reforma de la Administración Local
Ventura del Carmen Rodríguez remitió una carta a los consistorios solicitando costes de algunos servicios que realizan los Ayuntamientos como los de recogida de residuos que podría coordinar el Cabildo, y le recuerdan que pertenece “a una formación política que abandera el recurso ante el Tribunal Constitucional”
Los seis ayuntamientos de La Gomera muestran su “sorpresa” por la solicitud ralizada por el Cabildo de La Gomera para que se le remitan los costes que han supuesto a estos consistorios la gestión de los residuos del pasado año 2013 en base a lo establecido en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Los alcaldes de los municipios de Agulo, Néstor López y Alajeró, Manuel R.Plasencia; la alcaldes de Hermigua, Solveida Clemente; y los primeros ediles de San Sebastián, Valle Gran Rey y Vallehermoso; Ángel Luis Castilla, Miguel A. Hernández y Jaime Noda, respectivamente “no entienden” como puede ser el Cabildo de La Gomera, el primero de Canarias, que pretende aplicar la cuestionada Ley cuando afirman haber recibido una carta oficial remitida a estos Consistorios por parte de la consejera del Área de Desarrollo del Territorio, Ventura del Carmen Rodríguez Herrera el pasado 21 de abril del presente año en la que señala su intención de “proceder a realizar una valoración y análisis económico” sobre las prestaciones que deben asumir los cabildos insulares que hasta aquí han corrido a cargo de los ayuntamientos.
Los ediles afirman “no entender la prisa de esta responsable pública perteneciente a una formación política (PSOE) que precisamente abandera el recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada por la mayoría del Partido Popular en las Cortes Generales” algo que no entienden de manera especial los cuatro ediles socialistas de los ayuntamientos de Agulo, Alajeró, Hermigua y San Sebastián.
Según los alcales en su escrito, Rodríguez Herrera “recuerda con todo detalle los servicios que deben o no prestar los ayuntamientos en base a la nueva Ley, que en el caso de los municipios gomeros con menos de 5.000 habitantes son, el alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas y en los de más de 5.000, además, el parque público, la biblioteca pública y el tratamiento de residuos y en la misma la consejera incorpora una parte de la Ley en la que se afirma que “para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación (o el Cabildo) propondrá con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.
Los alcaldes de La Gomera recuerdan “que una de las razones que más se ha cuestionado de esta nueva Ley es el alejamiento que se produce de la gestión diaria y cercana que desarrollan los Ayuntamientos en sus respectivos municipios hacia entidades públicas superiores, que en muchos casos se encuentran apartadas del día a día de la gestión municipal además del riesgo del encarecimiento de estos servicios, que padecerán los ciudadanos. Otro factor importante es el de privar a los consistorios municipales de recibir las tasas correspondientes y que éstas reviertan directamente en este caso hacia la diputación provincial o Cabildo Insular, corriéndose el riesgo de que una posible privatización de estos servicios o la gestión directa por parte de esas administraciones superiores, perjudique a los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios”
Los ediles gomeros “recomiendan” a la Consejera del Cabildo Insular de La Gomera “diálogo, lealtad y colaboración a la hora de tratar este tipo de asuntos, que en estos momentos tiene en vilo a las corporaciones locales en general mientras se está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional” por ello afirman “no entender las prisas y las exigencias en un asunto tan importante que va en detrimento de la independencia municipal teniendo en cuenta que por el mero expreso de la voluntad municipal estos servicios seguirán prestándose por estas los ayuntamientos, ya que ésta ha sido una de las modificaciones que se aceptaron en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley”.