La abdicación del rey Juan Carlos I ha revitalizado un debate que había cobrado creciente fuerza entre la sociedad española: la forma del Estado o, en otras palabras, el dilema entre monarquía o república. Los días previos a la coronación del ahora príncipe de Asturias como Felipe VI están siendo pródigos en discusiones en este sentido. ¿Es menos democrático un régimen en el que el jefe de Estado no es elegido por los ciudadanos? ¿Son más justos e igualitarios los sistemas republicanos? ¿Sigue funcionando la figura del rey como elemento de unión o consenso o ha pasado a ser más bien objeto de discordia? ¿Goza de buena salud el pacto social y político fraguado en la Transición? ¿Es el momento apropiado, en mitad de una virulenta crisis económica y de una profunda desafección hacia nuestros representantes públicos, para plantear una reforma constitucional de tal calado?
Para tratar de responder a estas preguntas, EL DÍA reunió a portavoces de organizaciones políticas y sindicales: Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Tenerife; Miguel Aguilar, de Unión Progreso y Democracia (UPYD); Carmelo Jorge, portavoz de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias; Jéssica del Saz, componente de Podemos; y José Carlos Acha, concejal del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife. Junto a ellos se encontraba el analista político y experto en el sistema electoral Pedro Lasso.
"Nuestro mundo no es de este reino". Con esa frase resume Ramón Trujillo el espíritu inequívocamente republicano de la formación que representa. A su juicio, la monarquía supone "un déficit democrático" por el hecho de que "no todo el mundo puede ser elegido para representar el Estado". "Blindada al escrutinio público" y con una protección que "no tiene ningún otro jefe de Estado europeo", la institución monárquica es "especialmente impresentable en el siglo XXI", según IUC.
La inestabilidad y la amenaza golpista de la Transición pueden hacer comprensible que "se hurtara el debate sobre la forma del Estado, pero no hoy". "Debe haber un referéndum ahora, porque no hay un momento particularmente propicio", sostiene Trujillo, quien precisa que la cuestión "no tiene que ver con la izquierda o la derecha, sino con la democracia".
Para UPyD, el problema es "muy menor" y de él "no dependen la igualdad, la libertad y el bienestar". Miguel Aguilar admite que la monarquía no es una institución realmente democrática, pero está convencido de que "sirve a la democracia". La corona responde a una necesidad de "símbolos con preparación que no sean ni partidarios ni partidistas".
Aguilar introduce la idea de que el rey ostenta mucho menos poder que los jefes de Estado de algunas repúblicas presidencialista, defiende el encaje de la monarquía en la sociedad contemporánea, asegura que "no obstruye la ley ni la democracia" y afirma que el monarca desempeña satisfactoriamente su tarea: "Es el único español que coge el teléfono y se le pone Obama", apunta.
"En abstracto", Carmelo Jorge también se define como republicano. Sin embargo, el portavoz de CCOO recuerda que la política es "el arte de aplicar lo que uno piensa a situaciones concretas". En este sentido, describe la monarquía parlamentaria española como una democracia "perfectamente homologable" y compara la nula capacidad ejecutiva de que dispone Juan Carlos I con el "poder unipersonal" del presidente de la República Francesa o con la potestad del presidente de EEUU de vetar las leyes del Congreso y el Senado.
Y es que el dilema ahora mismo "no es monarquía o república, sino democracia o mercado". "El diagnóstico es que están gobernando los consejos de administración de las grandes empresas, y el objetivo es disputarles el poder". Jorge considera que los déficits que tiene el país "perfectamente democrático" que es España tienen que ver con la "conexión entre el poder político y el económico" y no con la jefatura del Estado.
Unas horas antes de la celebración del debate, el fiscal general del Estado ha advertido, en referencia a un hipotético referéndum sobre la monarquía, de que "lo que no está en la Constitución no existe". Pedro Lasso ha recibido con indignación estas palabras de Eduardo Torres Dulce, a quien, como "representante" del Gobierno que lo ha nombrado, "debería meterse en política, y no en el ámbito de la justicia", dice.
Lasso se remite al sentido originario de la democracia, "el poder por el pueblo para el pueblo", y critica que se haya "aislado la soberanía en una casta familiar". "Mi posición es claramente republicana", remarca, para luego argumentar: "El presidente de la república comparece ante los ciudadanos, y si no cumple su programa, el pueblo tiene potestad de mandarlo a su casa, mientras que el rey solo cesa por muerte o abdicación".
Podemos no se presenta a la cita ni como republicano ni como monárquico, pero exige "que haya debate". "¿Cuándo mejor que ahora? Es un momento histórico muy diferente al que se daba en los 70, y hace falta que las nuevas generaciones también tengamos voz", plantea Jéssica del Saz. El objetivo de esta formación política es "la regeneración democrática y acabar con la corrupción". También recuperar ese sentido literal de la democracia al que aludía Lasso, el del "poder para el pueblo", y una consulta vinculante sobre la continuidad de la institución monárquica encaja totalmente en este concepto.
Los "cuarenta años de estabilidad" que han acompañado el reinado de Juan Carlos de Borbón son defendidos con vehemencia por José Carlos Acha, que cree en la monarquía parlamentaria como "un sistema tan válido y democrático como el que más", del mismo modo que hay repúblicas muy alejadas del ideal de la democracia, como China o Irán, y otras que sí lo cumplen, como EEUU o Francia.
Aunque reconoce que la visión sobre la figura del rey varía según las generaciones, considera conveniente recordar que "unió a todos los españoles y a todas las fuerzas políticas, desde el Partido Comunista a Alianza Popular", "transformó la dictadura en democracia" y ha ejercido como "embajador en el mundo del proyecto de democracia y libertad que es España".
En una segunda intervención, Miguel Aguilar recalca que la familia real "no tiene poder político, solo representación simbólica" y señala a la monarquía como la institución idónea si lo que se pretende es "distinguir la cabeza del Estado del jefe de Gobierno". "Avanzar en democracia y en la igualdad entre ciudadanos y territorios" es, desde el punto de vista de UPyD, la prioridad. "Concentrémonos en eso", aconseja Aguilar.
Las dificultades para conciliar Estado federal y monarquía son resaltadas por Pedro Lasso -"se dan de bofetadas", dice-, quien discute que la familia real carezca de influencia y recuerda casos de corrupción -en referencia a Iñaki Urdangarin- en los que determinados contratos se dieron precisamente por el peso que tiene la figura del rey.
La representante de Podemos se confiesa "indignada como ciudadana" al escuchar cómo se justifica la monarquía con el argumento de que el Estado funciona, cuando, a su entender, "no se garantiza el bienestar y los derechos, una cuarta parte de los niños vive en riesgo de pobreza y se expulsa a los jóvenes". "¿Esto es estabilidad?", se pregunta Del Saz, para luego responderse: "Solo vive con estabilidad la casta política y económica".
Que, como parece previsible, el 90% del Parlamento vaya a votar a favor de la sucesión en el trono es "de escándalo, cuando en la sociedad no se da esa casi unanimidad, denuncia Ramón Trujillo. La solución es consultar a la ciudadanía. "El pacto del 78 está roto, como demostró la reforma del artículo 135 de la Constitución -para garantizar el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas-. Ahora de lo que se trata es de una refundación democrática del Estado, y debería llevarse por delante la monarquía", abunda el coordinador de IUC.
José Carlos Acha rebate estas posturas: la educación y la sanidad públicas y la convivencia democrática prueban que la Constitución ha funcionado y si los jóvenes emigran es porque les obliga la situación económica, no las instituciones, a las que tampoco cabe atribuir la corrupción, que es "de las personas".
"Claro que la Constitución puede cambiar, pero no a medida de una parte de la sociedad. A nadie le puede quedar como un guante, porque eso significa que algunos se han quedado fuera", dice Carmelo Jorge. El portavoz de CCOO sostiene que "si se abre el melón constitucional, debe hacerse mediante la búsqueda de consenso desde quien propone la reforma".
A su juicio, si las cosas no están funcionando como deberían no es a causa de la monarquía o los mercados, sino "por ceder terreno a los mercados". "No podemos refundar el Estado cada 30 años", advierte.
La monarquía dura ya tantos años como los que duró la dictadura franquista, un hecho que es destacado por algunos como un argumento para introducir reformas de calado en el sistema.