El Tribunal Supremo, que hoy comenzó las deliberaciones sobre siete recursos contra las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, continuará estudiando mañana el contenido de las mismas, han explicado a EFE fuentes del Alto Tribunal.
Ello es así, entre otras razones, porque el tema es muy complejo y la documentación voluminosa, han añadido.
La Sección III de la Sala III del TS debe pronunciarse sobre los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en Acción Ben Magec (Canarias), la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida.
Hoy el BOE ha publicado la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en el que Repsol sostiene que, en el peor de los accidentes imaginables durante sus prospecciones en el Atlántico -que el pozo se descontrole y no se pueda tomar medida alguna-, las Canarias recibirían el 5,85 % de los vertidos y el 26,2 % impactaría contra la costa marroquí.
Repsol obtuvo los primeros permisos para estudiar la potencia petrolífera de esos fondos marinos en 2001, pero el Tribunal Supremo los anuló tres años después porque no contaban con las medidas ambientales exigidas por la ley.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala III estudiarán dichos recursos, es decir, todos salvo su presidente, Pedro José Yagüe.
El resto de los jueces son Manuel Campos, Isabel Perelló, Eduardo Espín y José Manuel Bandrés.
Las fuentes del Supremo han recordado que la deliberación se pospuso el pasado mes de abril debido a que el Cabildo de Fuerteventura y Repsol solicitaron la inclusión de pruebas documentales, algunas de las cuales resultaron aceptadas.
Los recursos presentados coinciden en que las exploraciones petrolíferas podrían causar graves impactos sobre Lanzarote y Fuerteventura, dos islas declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO, así como sobre especies amenazadas y muy vulnerables como tortugas y cetáceos.
A ello suman negativas repercusiones socio-económicas sobre la actividad pesquera y turística.