El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer de forma definitiva la reforma de la Ley de Vivienda, que prevé expropiaciones temporales de vivienda propiedad de entidades bancarias para evitar desahucios de familias vulnerables y que previsiblemente será recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en normas similares acordadas en Andalucía y Navarra.

La ley, apoyada por los grupos Nacionalista y Socialista, no tendrá ninguna efectividad para las personas "porque es ilegal", alertó el diputado del PP Felipe Afonso El Jaber, mientras que Román Rodríguez, de Nueva Canarias, propuso un "plan b" ante la evidencia de que el recurso de anticonstitucionalidad paralizará su efectividad.

José Miguel Ruano, del grupo Nacionalista, defendió que la ley canaria trata de paliar los desahucios, pero subrayó que es responsabilidad del Gobierno de España establecer medidas para que estas situaciones y dramas sociales no se produzcan.

"El Gobierno de España no afronta su responsabilidad con los ciudadanos en dificultades y critica a quienes tienen que paliarlos, a la vez que amenaza con recurrir ante el Tribunal Constitucional", denunció Ruano.

La amenaza de un recurso no debe influir en la voluntad de Canarias de buscar soluciones para los desahucios, dijo Ruano, y recordó que aunque "hay dudas razonables" aún no hay sentencia sobre los casos de Andalucía y Navarra.

La intención de la normativa es evitar que los bancos sigan especulando con las viviendas vacías y forzarlos a que la pongan en el mercado, en lugar de mantenerla como un activo en su balance, dijo Ruano.

También destacó las mejoras que se incorporaron durante la tramitación parlamentaria, con aceptación de enmiendas de la oposición, y se refirió en concreto a que se posibilita la mediación previa a la expropiación temporal a los bancos.

Felipe Afonso El Jaber lamentó que los grupos del Gobierno de Canarias no busquen garantizar el derecho a la vivienda, sino hacer un "paripé" sin financiación y a sabiendas de que es ilegal para forzar al ejecutivo central a recurrirla y de esa manera tener a alguien a quien echar la culpa.

"CC y PSOE quieren tapar su fracaso con un proyecto inconstitucional", como señaló el Consejo de Estado y la abogacía del Estado, sostuvo, y por tanto no es una posibilidad que se plantee un recurso, sino una obligación del Gobierno.

Para el representante del PP los grupos del Gobierno de Canarias mantienen "una actitud hipócrita y farisea, porque hacen como que se preocupan, pero en realidad se lavan las manos" al no querer aprovechar el trámite parlamentario para arreglar una ley ilegal.

Para ayudar a la gente a pagar sus viviendas no hace falta esta ley, sino destinar el dinero de las expropiaciones a ayudas y subvenciones que sean exigibles por los ciudadanos, porque lo contrario sólo genera frustración, argumentó.

Las expropiaciones temporales por un máximo de tres años suponen que los bancos siguen cobrando una renta durante ese periodo y al final conservan la propiedad, denunció.

El diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez apoyó las expropiaciones temporales, aunque ante la posibilidad de que sean paralizadas por el Tribunal Constitucional propuso que se establezca un fondo de emergencia social para alquileres, porque en caso contrario no se resuelve el problema.