La Guardia Civil ha detenido a tres personas, e imputado a una cuarta, por delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias cometidos desde el Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la "operación Perceval".

Los arrestados son un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un antiguo trabajador de una notaría, y un gestor. La persona imputada es funcionaria de la citada administración. Estas personas están acusadas de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

Las detenciones comenzaron el pasado martes, cuando a primera hora de la mañana agentes de paisano de la Guardia Civil, que viajaron desde Madrid, se personaron en el Catastro tinerfeño con órdenes de registro y procedieron a la detención del funcionario de esta administración. Además, a la persona imputada le pidieron que abandonara su puesto de trabajo y permaneciera localizada. Los agentes permanecieron durante todo el día en las citadas oficinas.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Cristóbal de La Laguna, se venía desarrollando desde hace varios meses.

Según explica la Guardia Civil, al parecer, los funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo con el que fuera trabajador de la notaría, procedían a la emisión de resoluciones y certificaciones catastrales irregulares favoreciendo los intereses de terceras personas.

Estos beneficiarios de las actividades ilícitas pagaban altas cantidades de dinero para alterar la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas; modificar superficies y trazado de las mismas, en muchos casos para obtener más terreno; inscribirlas irregularmente en el Registro de la Propiedad, reducir impuestos de bienes inmuebles a pagar, e, incluso, realizar trámites administrativos que tardan entre seis meses y un año en un solo día, entre otras acciones ilícitas.

Durante la investigación, se pudo determinar cómo algunas personas, burlando los canales reglamentarios, conseguían certificaciones catastrales sobre determinadas parcelas. Estos, contaban con la ayuda de los ahora detenidos, que incumpliendo las normas esenciales del procedimiento propio para este tipo de tramitaciones, falseaban las bases de datos del Catastro y emitían las certificaciones con una nueva realidad catastral, explica la Benemérita en un comunicado de prensa.

De forma posterior, dichas certificaciones eran incorporadas a protocolos notariales, siendo utilizados, entre otras cosas, para aportarlos al correspondiente Registro de la Propiedad y así inscribir las parcelas de manera ilícita.

En cuanto al tipo de parcelas, fuentes de la Guardia Civil señalaron que la mayor parte eran fincas rurales.

Durante la operación los agentes realizaron cuatro entradas y registros en domicilios de los detenidos y en dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, continúa abierta, ya que no se descartan nuevas imputaciones tanto a implicados como a beneficiarios de estas actividades ilícitas.

La operación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Santa Cruz de Tenerife, todo ello en estrecha colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.