La Ley de Dependencia establece en seis meses el plazo máximo para resolver una solicitud de ayuda, aunque nueve comunidades autónomas -Canarias la que más- se saltan este mandato y generan esperas de más de dos años que suponen "un claro elemento de desigualdad" entre los ciudadanos en función del lugar en el que vivan.

Así lo detalla el último informe de fiscalización del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que ha elaborado el Tribunal de Cuentas con datos del primer cuatrimestre de 2013, que cifra en 981 días de media -2,7 años- la espera para reconocer la prestación en las Islas, más los seis meses preceptivos, con lo que la el plazo total supera los tres años. La espera media en España es de 210 días.

En la Comunidad Valenciana se pasan del plazo en 519 días (año y medio); en Castilla y León, en 200 (algo más de seis meses), y en Cantabria, tardan 180 días (casi seis meses) más de lo establecido.

El Tribunal de Cuentas, que obtiene estas cifras de analizar la tramitación de los 67.468 expedientes nuevos registrados en el primer cuatrimestre de 2013, indica que en el 74,54% de los casos no consta que a 25 de julio se hubiera producido el reconocimiento de la prestación. De estas solicitudes no reconocidas, la mitad habría así superado los seis meses de plazo que marca la ley.

Estas demoras tienen un impacto directo en las listas de espera para recibir la ayuda, que, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, está menguando no porque se agilice el sistema, sino porque quienes están esperando fallecen.

El informe del Tribunal dice que el número de personas pendientes de resolución se redujo de 305.901 al cierre de 2011 a 190.503 en el primer cuatrimestre de 2013, pero el reparto es desigual en función del territorio. Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha superan la media nacional (20,7%) y concentran el 75% de los ciudadanos que están en espera.

En Canarias el 52,74% de las personas que tienen derecho a una prestación aún la están esperando. Andalucía destaca en términos absolutos, con 53.981 personas en la lista, el 28,34% de todas los que esperan en el país. No obstante, suponen uno de cada cuatro andaluces con un derecho potencial a recibir asistencia.

"El incumplimiento de plazos en la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas desde la solicitud, hasta el reconocimiento y ejecución efectiva de la prestación, sigue constituyendo una de sus grandes debilidades, situación que perjudica no sólo a las personas beneficiarias sino también al Imserso", dice el Tribunal de Cuentas.

En este sentido, afirma que "las diferencias existentes entre comunidades autónomas a la hora de hacer efectivas las prestaciones a las que tienen derecho las personas reconocidas como dependientes implican un claro elemento de desigualdad entre dependientes por razón de comunidad autónoma de residencia".