La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha dicho hoy miércoles que el convenio con la banca para poner sus viviendas vacías en alquiler social sería una alternativa si se confirma la posibilidad de que el PP "boicotee" la Ley de Vivienda a través del Tribunal Supremo.

Así lo ha indicado en comparecencia parlamentaria, donde explicó que en el propio marco de la modificación de la Ley, el Ejecutivo canario mantuvo conversaciones con las entidades bancarias para establecer convenios que permitieran dinamizar el parque de viviendas vacías.

Así, detalló que se está ultimando un convenio de colaboración entre la Fecam y Visocan por el que las entidades financieras aportarían un fondo de viviendas vacías de su propiedad y la Fecam sería la encargada de detectar a las familias solicitantes en cada uno de sus municipios.

Por su parte, Visocan se encargaría de ajustar las necesidades de las familias a las particulares condiciones de las viviendas, y de supervisar que estén en condiciones de habitabilidad.

Inés Rojas añadió que el fondo de viviendas que aportaran los bancos serían destinadas a familias que hubieran perdido su vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio o estén incursas en un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio que implique su inminente lanzamiento.

También se atenderían otras circunstancias derivadas de la actual crisis económica, como que las familias que se encuentren en una precaria situación económica y social que les impida el acceso a una vivienda. En ambos casos se suscribiría un contrato de arrendamiento con rentas adaptadas a los ingresos familiares, apuntó la consejera.

Rojas también señaló la posibilidad de que se pueda ampliar a los solicitantes en el Registro de Demandantes de viviendas sociales en alquiler y no exclusivamente a las familias en procesos de desahucio. Y en cuanto a la renta, sería como máximo de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y las familias no pagarían más del 12% de sus ingresos netos.

"ECHAR A LA GENTE"

Rosa Jerez, del PSC-PSOE, acusó al Partido Popular de no afrontar su responsabilidad con los ciudadanos con problemas de vivienda y de no ayudar a los canarios que están siendo desahuciados. "Es el Gobierno del PP el que permite que se eche a la gente de sus casas", dijo.

El diputado popular Felipe Afonso El Jaber dijo que la política de vivienda del Gobierno de Canarias requiere un "cambio radical", ya que la consejera lleva siete años "sin aportar una solución" a este problema, y recordó al PSOE que ellos promovieron el desahucio express.

Asimismo, acusó al Ejecutivo canario de no haber puesto "ni un céntimo" en siete años para que los canarios no pierdan sus casas, y recordó a la consejera que no sólo el PP dice que la Ley de Vivienda es un "desastre", sino también la Abogacía del Estado, el Consejo del Estado o el Consejo Consultivo.

"No se pueden escudar en una cuestión de imagen para aprobar medidas inconstitucionales que no arreglan nada", señaló el diputado, para añadir que Inés Rojas "solo sirve para cortar la cinta y entregar VPO", lo que refleja una "incapacidad superable".