El exconsejero de Empleo de Gobierno canario Víctor Díaz ha negado hoy las supuestas irregularidades que le atribuye el fiscal en el reparto de fondos públicos para formación durante su mandato como presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), entre 1995 y 1999.
Díaz, al que la Fiscalía Anticorrupción reclama diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, es el principal imputado en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia de Las Palmas, pero cuya instrucción se inició hace 16 años, en una de las primeras tramas de presunta corrupción investigadas en Canarias.
En el caso figuran también como acusados los ex directores generales del Icfem, Francisco Almeida y Diego León, por un delito de prevaricación, cargo que también se le imputaba a Aurelio Ayala, ya fallecido y que dirigió igualmente el Instituto.
El exconsejero ha sido interrogado por el fiscal Luis del Río durante dos horas en esta primera sesión del juicio.
En el trámite de cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad del caso por entender que se han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes e, incluso, que los hechos han prescrito en el caso de Almeida, según ha expuesto su abogado, Esteban Solá.